
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en reciente resolución reafirmó su potestad constitucional y jurisprudencial para avanzar en la investigación de homicidios de alto perfil atribuidos al antiguo secretariado de las Farc.
La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la entidad se declaró competente para investigar el asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, el del general (r) Fernando Landazábal Reyes, el profesor Jesús Antonio Bejarano y otras cuatro víctimas, cuyos homicidios fueron reconocidos por las extintas Farc. La decisión, formalizada en la resolución No. 1 de 2025 expedida el 4 de julio de 2025, incorpora estos casos a los macrocasos ya abiertos contra la antigua guerrilla.
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“INFORMAR a la Fiscalía General de la Nación que la Sala de Reconocimiento ya cuenta con copia de los expedientes […] por lo que dará aplicación al literal j del artículo 79 de la Ley 1957 de 2019 respecto a la continuación de las investigaciones por parte de esa Entidad con las limitaciones realizadas por la jurisprudencia constitucional en la Sentencia C-080 de 2018 (sic)″, precisó el documento.
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Según detalló la resolución, la JEP asume competencia sobre los homicidios de Pablo Emilio Guarín, Hernando Pizarro Leongómez, Álvaro Gómez Hurtado, José del Cristo Huertas Hastamorir, Fernando Landazábal Reyes, Jesús Antonio Bejarano y José Fedor Rey. Todos estos crímenes, salvo el de José Fedor Rey, fueron remitidos al macrocaso No. 10, que investiga “crímenes no amnistiables cometidos por miembros de las extintas Farc por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano”. El homicidio de José Fedor Rey fue remitido adicionalmente al macrocaso No. 05, enfocado en la situación territorial del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca.
Con respecto a la determinación de la JEP, el partido Salvación Nacional fundado por Gómez Hurtado, y que ahora dirige Enrique Gómez, rechazó el anuncio al argumentar que representa, desde su perspectiva, un intento de dilatar y desviar la búsqueda de justicia para el político asesinado por la extinta guerrilla.
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“El partido de Salvación Nacional rechaza de manera contundente la decisión de la JEP de asumir competencias en el magnicidio de Álvaro Gómez. Vamos a cumplir 30 años de impunidad, en donde se han sufrido todo tipo de desviaciones e irregularidades. Tanto la familia como nuestro fundador merecen que haya justicia”, se lee en la misiva.
A la postura del colectivo se sumaron los familiares de la víctima que a través de sus redes sociales informaron que presentarán una apelación a la resolución emitida por la JEP.
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“Como abogado de la familia, rechazamos enfáticamente la decisión de la JEP de asumir competencias en el caso del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Como siempre, presentaremos los recursos pertinentes y continuaremos luchando para que haya justicia”, declaró precisamente Enrique Gómez, abogado de la familia y sobrino del excandidato presidencial en su cuenta de X.
Por su parte, el abogado Bernardo Henao Jaramillo, que representa los intereses de los hijos del dirigente conservador asesinado el 2 de noviembre de 1995, sostuvo que no confía en la capacidad de la JEP para estudiar el caso, ya que demostró ser lenta en la resolución de este tipo de proceso. Además de manifestar que la entidad nunca ha mostrado un interés en el crimen.
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“Yo rechazo contundentemente esa decisión extemporánea que emite la JEP, es el colmo que casi se completaron cinco años para sacar una decisión de asumir competencia, imagínese entonces en lo que resta de existencia de la JEP, si se demoraron cinco años para poder sacar la competencia, ¿cuánto se demorarán para llegar a la investigación?“, afirmó el togado en entrevista con Semana.
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