El exministro de Justicia y actual precandidato presidencial Wilson Ruiz Orejuela presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) un nuevo alcance a la denuncia que interpuso el 27 de mayo de 2025 contra el presidente Gustavo Petro.
La ampliación busca fortalecer su solicitud inicial para que el tribunal de La Haya investigue a Petro por presunta omisión en la comisión de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
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Según explicó Ruiz, tras la radicación inicial de la denuncia, recibió una notificación por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en la que se ordena la reducción de su esquema de seguridad y el de su familia, una decisión que considera arbitraria y peligrosa, a pesar de que el precandidato fue categorizado por las autoridades como persona en riesgo extraordinario, y ha sido objeto de múltiples amenazas y atentados en los últimos años.
Relato de atentados y amenazas documentadas
Entre los hechos documentados por el exministro y que ahora hacen parte del expediente entregado a la CPI, se encuentran varios ataques directos contra su integridad y la de su familia:
- En noviembre de 2022, un intento de atentado fue frustrado en Cali cuando tres hombres armados fueron enfrentados por su equipo de seguridad.
- En enero de 2023, su hijo y uno de sus escoltas fueron víctimas de un ataque armado. El vehículo blindado en el que se desplazaban recibió seis impactos de bala, lo que salvó sus vidas.
- En marzo de 2023, Ruiz recibió amenazas directas por WhatsApp. Uno de los mensajes decía: “Ya sabemos que le quitaron los escoltas... tiene 48 horas para salir del país”, y estaba acompañado de una fotografía con balas formando la letra “W”.
En la denuncia también se menciona el caso del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que sufrió un atentado el 7 de junio tras haber solicitado 23 veces el refuerzo de su seguridad sin recibir respuesta positiva.
“Las pruebas que presenta ante la CPI no son hechos aislados: se trata de un patrón de hostigamiento sistemático contra líderes de oposición, alimentado por un aparato estatal que desprotege deliberadamente a quienes critican al actual gobierno”, señaló Ruiz en un video difundido en su cuenta de X.
Otro elemento incluido en el alcance presentado ante la CPI es un evento ocurrido el 21 de junio en Medellín, donde el presidente Petro compartió tarima con exintegrantes de estructuras criminales del Valle de Aburrá, actualmente recluidos en la cárcel de Itagüí.
Entre los asistentes estuvieron José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio; Wálter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre; Juan Camilo Rendón Castro, alias El Saya; Alber Antonio Henao Acevedo, alias Albert, y Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23. Su traslado desde el centro penitenciario hasta el lugar del evento generó reacciones adversas de distintos sectores políticos y sociales.
“En Colombia, alzar la voz contra el poder no solo incomoda, también pone en riesgo la vida (...) Hoy, siendo precandidato presidencial y un opositor visible, me dejaron aún más expuesto. Desde ya, hago un llamado urgente a la Comunidad Internacional. Están usando al Estado colombiano para perseguirnos”, enfatizó el exministro.
Con la entrega de este alcance, Ruiz busca que no solo se considere su denuncia como un caso personal, sino como una alerta sobre un patrón de persecución política más amplio en Colombia. Ahora, queda en espera una respuesta oficial por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
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