Abogado de Miguel Uribe insistió en que el Estado es responsable del atentado sicarial y citó lo dicho por un juez: “No le dieron la protección adecuada”

Exactamente un mes después del atentado perpetrado contra el senador del Centro Democrático y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, se conocen nuevos detalles del proceso legal que se adelanta para esclarecer los hechos.

De hecho, en la mañana de este lunes 7 de julio, el abogado defensor Víctor Mosquera Marín aseguró que, durante la audiencia de medida aseguramiento de Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño, considerado como el articulador del ataque, el Estado fue hallado responsable por omisión al no proveer la seguridad necesaria al precandidato.

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“Queremos informar que en la audiencia del día de ayer de medida de aseguramiento contra alias El Costeño, un juez de la República, en los considerandos y en el resuelve de la decisión, determinó que hay responsabilidad por omisión por parte del Estado colombiano, es decir, la UNP de este actual Gobierno”, señaló el togado en una declaración pública.

Según Mosquera, la justicia habría determinado que la Unidad Nacional de Protección, encargada de los esquemas proporcionados a personajes con fuertes índices de riesgo, además de miembros de los poderes del Estado, no actuó con parcialidad y negó una mayor protección al precandidato.

“El juez consideró que efectivamente al candidato presidencial Miguel Uribe Turbay no le dieron la protección adecuada y hubo mezquindad de parte de esa entidad respecto a su seguridad. Es claro que esta decisión judicial evidencia lo que hemos venido advirtiendo como equipo legal de Miguel Uribe. Hubo omisiones graves en la seguridad del precandidato. Hubo falta de protección a un líder de la oposición que venía haciendo un ejercicio impecable y que requería mínimos de seguridad para seguir ejerciendo sus derechos políticos”, señaló el abogado.

Durante su intervención, Víctor Mosquera también agradeció a los investigadores del caso que, el 5 de julio, dieron con la captura del principal responsable del ataque que dejó al precandidato presidencial en grave estado de salud tras recibir dos disparos en su cabeza y uno más en una de sus extremidades inferiores.

“Asimismo, queremos agradecer a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y a las agencias internacionales de inteligencia que lograron la captura de estos cinco autores materiales. Estas capturas son muy importantes, pero no son suficientes”, continuó.

Finalmente, el abogado de la familia Uribe Turbay señaló que seguirán en la búsqueda de pruebas para determinar a todos los responsables del ataque contra el senador del Centro Democrático.

“Vamos a seguir trabajando en todas las instancias, tanto nacionales como internacionales, para que las autoridades den con los máximos responsables, es decir, con los autores intelectuales o determinadores y los instigadores. Es importante que el país conozca la verdad y se esclarezcan estos hechos y se den con los responsables”, concluyó Víctor Mosquera.

De hecho, dos días después del atentado contra Miguel Uribe, el abogado radicó una demanda ante la Fiscalía General de la Nación contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por presunta omisión de funciones.

Mosquera explicó que la denuncia se fundamenta en la presunta falta de medidas de seguridad para Uribe Turbay, a pesar de que ejercía funciones como precandidato presidencial. El abogado detalló que desde el anuncio de la precandidatura se presentaron 23 solicitudes para reforzar la seguridad del senador.

“La última se presentó el 5 de junio. En estas solicitudes se establecía por qué al candidato presidencial se le debía dar la protección adecuada”, afirmó Mosquera.

Según el jurista, la propia UNP había advertido en 2023 sobre los riesgos que enfrentaba Uribe Turbay, pero tras la oficialización de su aspiración presidencial, no se realizó un nuevo estudio para evaluar su seguridad. Mosquera señaló que la UNP respondía a las peticiones indicando que “no representaba un riesgo” y que “no podían colaborarle con sus desplazamientos”.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reconoció ante medios de comunicación que la Unidad Nacional de Protección presenta fallas en el trámite de solicitudes y anticipó que se tomarán decisiones “fuertes” al respecto.

“Las personas de la UNP han tenido fallas en el trámite y la forma de resolver algunas solicitudes (…) hoy se va a tomar decisiones bastante fuertes sobre eso”, declaró Benedetti.