Legalizan la captura de alias el Costeño, señalado como el organizador del atentado contra Miguel Uribe: no aceptó cargos

Después de 48 horas de que las autoridades dieran con el paradero de Elder José Arteaga Hernández en el occidente de Bogotá, en la mañana del domingo 6 de julio se confirmó la legalización su captura por su presunta participación en el ataque sicarial contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en Bogotá.

También conocido como alias el Costeño, fue llevado ante un juez de control de garantías de Bogotá, que avaló el procedimiento policial, mientras que la Fiscalía pidió que se le imputen los delitos de tentativa de homicidio agravado, fabricación, porte y tenencia de armas agravada, concierto para delinquir agravado y uso de menores en la comisión de delitos.

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Sin embargo, el señalado optó por no aceptar cargos pese a las pruebas con las que cuenta la Fiscalía que lo apuntan como el articulador principal del plan ejecutado el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia de Bogotá.

Entretanto, una vez legalizada su captura, el juez decidió dictarle medida privativa de la libertad. Sin embargo, el ente acusador confirmó que permanecerá retenido en el búnker de la Fiscalía de forma transitoria, mientras se establecen los protocolos de seguridad.

El historial delictivo de “el Costeño” abarca cerca de veinte años. Los fiscales a cargo del caso expusieron que Arteaga, de 40 años y natural de San José de Apartadó, coordinó la logística fundamental: desde el traslado de los implicados al lugar del atentado —el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá— hasta la entrega de una pistola Glock de nueve milímetros al joven sicario de apenas 15 años que perpetró el ataque.

La estructura criminal atribuida al atentado cuenta con roles asignados para cada miembro. Según información conocida por El Tiempo, tras el Costeño en la jerarquía figuran alias Gabriela, alias Hermano y alias el Veneco. La investigación indica que “Gabriela” transportó el arma homicida; “el Hermano” coordinó las acciones operativas; y “el Veneco” condujo el vehículo Spark gris, desde donde se organizaron los movimientos logísticos y el cambio de indumentaria del menor autor material, así como la entrega del arma usada.

El atentado contra Miguel Uribe Turbay dejó al senador gravemente herido, internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Fundación Santa Fe. De hecho, aún continúa bajo vigilancia médica estricta debido a la gravedad de su estado.

Mientras tanto, las pesquisas policiales se mantienen en marcha para identificar y capturar a otros autores materiales e intelectuales que participaron en el crimen.

Como parte de la estrategia investigativa, según información conocida por el diario nacional, la Fiscalía habría ofrecido protección judicial a alias el Costeño, en línea con el acuerdo que ya aceptaron el menor de edad implicado como sicario y otros dos capturados.

Si Arteaga acepta la protección, deberá colaborar con las autoridades, proporcionando información que permita identificar y llevar ante la justicia a otros miembros de la red criminal.

“Pero el caso de ‘el Costeño’ o ‘Chipy’ es más delicado porque él sí sabe quién dio la orden y la plata para ejecutar el crimen. Y sus patrones saben que su núcleo familiar sigue en el barrio El Muelle, en la localidad de Engativá, donde lo capturamos”, señaló uno de los allegados del delincuente a El Tiempo.

Sin embargo, dicho acuerda estaría en vilo después de que alias el Costeño no aceptara cargos ante las autoridades judiciales.

Entretanto, la investigación sobre el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay reveló que Elder José Arteaga Hernández habría recibido más de 1.000 millones de pesos como pago para ejecutar el ataque.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que Arteaga Hernández no solo negoció la comisión del crimen, sino que instrumentó a un menor de edad, a quien confió el arma de fuego utilizada para perpetrar el atentado ocurrido el 7 de junio en el barrio Modelia de Bogotá.

El titular de la cartera de Defensa indicó que junto con la captura de Arteaga Hernández se mantiene activa una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos por datos que permitan identificar y detener a otros involucrados en el ataque.