Un total de 855 estaciones de servicio en Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Nariño, Norte de Santander y Putumayo enfrentan desde el 3 de julio un bloqueo temporal en la compra de combustibles.
La medida afecta a 423 municipios y responde al incumplimiento en la entrega del Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes (Ccite), un requisito implementado para frenar el desvío de hidrocarburos hacia actividades ilegales.
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Según Semana, solo alrededor de 1.400 de más de 2.900 agentes de la cadena de distribución de combustibles entregaron la documentación exigida para renovar sus permisos.
La restricción fue definida en la Circular Conjunta 40008 de abril de 2025, emitida por los ministerios de Minas y Energía, Justicia y Defensa, dirigida a refinadores, importadores, almacenadores, distribuidores mayoristas y minoristas, transportadores y grandes consumidores en los diez departamentos más afectados por cultivos ilícitos.
El objetivo del Ccite es garantizar que “los combustibles no se desvíen para alimentar actividades ilegales como el procesamiento de drogas o la minería ilícita”, indicó el documento citado por Semana.
Este certificado debe ser enviado a la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía para actualizar el Sistema de Información de Combustibles (Sicom) y cumplir también con las exigencias del Ministerio de Defensa.
Las medidas habrían sido diseñadas “para hacerle frente al uso ilícito de hidrocarburos en actividades relacionadas con el narcotráfico y la extracción ilícita de minerales”, según fuentes consultadas por el mencionado medio.
La circular también introdujo reformas administrativas y protocolos de monitoreo para evitar el desvío de combustibles, fenómeno recurrente en zonas con fuerte presencia de economías ilegales, precisó W Radio.
Conforme al cronograma oficial, el plazo para la entrega del Ccite venció sin que todos los actores regularizaran su situación. De los 2.900 agentes, 645 están aún en trámite y 855 no iniciaron “ni siquiera el proceso de certificación de carencia”, según fuentes judiciales citadas por Semana.
Ante esta situación, se ordenó un bloqueo temporal de la compra de combustible entre el 3 y el 10 de julio. Autoridades indicaron a Semana que se trata de “una oportunidad para que los agentes rezagados subsanen las falencias en la documentación”.
En palabras del Gobierno: “Se hará un bloqueo temporal de compra de combustible inicialmente por ocho días calendario, del 3 al 10 de julio inclusive, tiempo durante el cual los agentes deberán subsanar dicho incumplimiento”.
W Radio informó que, de persistir el incumplimiento, se impondrá un segundo cierre por 15 días calendario. Si después de este plazo no se resuelve la situación, “se les hará la cancelación definitiva del registro y no podrán volver a comprar combustible ni venderlo”, indicó una fuente oficial al medio.
El Ministerio de Defensa advirtió a Semana que esta decisión busca evitar que combustibles terminen “alimentando economías ilícitas”.
La obtención del certificado es indispensable para operar legalmente, en un contexto en el que los grupos criminales han aprovechado la cadena de distribución para sostener actividades como el narcotráfico y la minería ilegal.
De acuerdo con W Radio, los agentes obligados a cumplir con esta medida se concentran en territorios particularmente vulnerables a estas economías ilegales. La vigilancia, según voceros oficiales, “se mantendrá y se reforzará”.
El impacto de la suspensión en estas zonas, muchas de ellas con limitado acceso a fuentes alternas de suministro, podría afectar la movilidad y el comercio local. Aunque la mayoría de los agentes ya se regularizó, las autoridades advirtieron sobre la posibilidad de que más de 800 estaciones queden definitivamente fuera del mercado si no cumplen con la normativa.
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