El martes primero de julio de 2025, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ordenó suspender la extradición a Estados Unidos de Willington Henao Gutiérrez, conocido como alias Mocho Olmedo, señalado cabecilla del frente 33 de las disidencias de las Farc.
Según lo establecido en la resolución 186 de 2025, este hombre, al participar como negociador en la mesa de diálogo con el Gobierno nacional, podría afectar la agenda de conversaciones establecidas durante el periodo presidencial.
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“Su entrega inmediata podría afectar el desarrollo de los procesos que se han venido desarrollando con el Frente 33 del Estado Mayor Bloque Magdalena Medio”, se lee en dicho documento.
El caso de alias Mocho Olmedo se suma a otros casos donde la administración Petro ha frenado procesos de extradición contra líderes de grupos armados ilegales.
Alias HH
Entre ellos, se encuentra la suspensión del proceso de Gabriel Yepes Mejía, conocido como alias HH, comandante del grupo ilegal Comuneros del Sur, requerido por la corte de Texas (Estados Unidos) por delitos relacionados con el narcotráfico y concierto para delinquir.
Similar al caso de alias Mocho Olmedo, el Gobierno colombiano aseguró que Yepes Mejía es parte del equipo negociador de esta facción disidente del ELN.
Sin embargo, aclararon que, en caso de verificar que este sujeto interrumpa su participación en la mesa de conversaciones, será enviado a Estado Unidos.
“Suspender la entrega del ciudadano colombiano GABRIEL YEPES MEJÍA, mientras contribuya con aportes verificables y resultados concretos en el proceso de la consecución de la Paz Total dentro del marco de la Ley 2272 de 2022, como negociador en la Mesa de Diálogos de Paz con el Gobierno Nacional y desarrolle acciones orientadas al logro de dicho objetivo”, se lee en un documento publicado por Presidencia.
Alias Araña
Del mismo modo, se suma el caso de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, comandante del Comando de Fronteras de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), facción que se separó de la Segunda Marquetalia, organización liderada por Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez.
Alias Araña es solicitado en extradición por una corte de California (Estados Unidos) por delitos relacionados con el narcotráfico; pese a que su situación no ha sido definida por la Corte Suprema de Justicia, su participación en un espacio socio-jurídico podría influir en la detención de su proceso ante la justicia norteamericana.
En la actualidad, Rojas se encuentra recluido en un centro penitenciario del país, luego de que fuera detenido tras una reunión de la mesa de conversaciones entre el Gobierno y el grupo guerrillero en Bogotá, en el mes de febrero de 2025.
Defensa de Petro
Los tres casos ha generado cuestionamientos por diferentes sectores en el país, al considerar que se estaría vulnerando los derechos de las víctimas del conflicto armado.
Sin embargo, el presidente Gustavo Petro defendió esta decisión, al considerar que existen parámetros legales que le permiten definir la situación jurídica de los tres cabecillas de los grupos al margen de la ley.
“La ley me permite detener extradiciones si hay un avanzado proceso de paz, y avanzado proceso consiste en remover las causas de la violencia: la economía ilícita. La extradición del señor Olmedo depende de si se sustituyen miles de hectáreas de cultivos ilícitos o no”, precisó el jefe de Estado en su cuenta de X.
Del mismo modo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Tejeiro, respaldó la decisión del Gobierno Petro en el que subrayó la importancia de la separación de poderes y el papel que corresponde al presidente en materia de extradiciones.
“El presidente de la República es el supremo jefe del Estado, sobre todo en cuanto a las relaciones internacionales y las relaciones diplomáticas. Él puede tomar cierto tipo de decisiones de conformidad con las circunstancias diplomáticas internacionales”, declaró el magistrado en diálogo con Caracol Radio.
No obstante, el presidente del alto tribunal aseguró que la función de la Corte Suprema se limita a emitir los conceptos judiciales y formales requeridos por otros países, sin que esto implique una decisión definitiva sobre la extradición.
“Ha cumplido, viene cumpliendo y seguirá cumpliendo con la función que tiene que ver con las extradiciones, que es la de emitir los conceptos que judicial y formalmente corresponden para que el presidente de la República, en su esfera de funciones, pueda tomar sus decisiones”, expresó Tejeiro.
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