A través de su cuenta de X, el senador Iván Cepeda se refirió al excanciller Álvaro Leyva Durán, a quien se le acusa de supuestamente haber conspirado para dar un golpe de Estado al presidente Gustavo Petro.
Para el político izquierdista es inaceptable la conducta de Leyva, a quien acusó de ser no solo un “enemigo” para el Gobierno, sino para la institucionalidad y la estabilidad del país.
“Que alguien pretenda, al mismo tiempo, promover un golpe de Estado y un Acuerdo Nacional, sencillamente muestra qué tan perverso y equivocado es el camino que ha elegido. La ambición y el resentimiento han terminado por convertir a Leyva en enemigo de la paz, la unidad nacional y la democracia. Está saliendo por la puerta de atrás”, señaló.
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Gobierno y sectores oficialistas acusan a Álvaro Leyva de conspirar contra el presidente Petro
La difusión de unas grabaciones en las que se escucha al exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva Durán referirse a un posible acuerdo político para anticipar la salida del presidente Gustavo Petro ha desatado una fuerte reacción del Gobierno nacional y de distintos sectores afines al oficialismo. Las declaraciones del excanciller, reveladas por el medio El País de América, han sido interpretadas como una tentativa de socavar el orden institucional en Colombia y han generado llamados a que se le investigue penalmente por delitos como traición a la patria.
En los audios publicados el pasado 29 de junio, Leyva menciona conversaciones con actores internacionales y nacionales para adelantar una transición de poder antes del 7 de agosto de 2026, fecha en que culmina el mandato del actual jefe de Estado. Según se escucha en las grabaciones, el excanciller habría planteado la necesidad de un “gran acuerdo nacional” que incluyera incluso a organizaciones armadas ilegales como el ELN y el Clan del Golfo, con el objetivo de impedir que Petro presidiera las elecciones previstas para 2026.
Asimismo, Leyva se habría referido a supuestas gestiones con figuras políticas de Estados Unidos, incluyendo al congresista republicano Mario Díaz-Balart, así como con los precandidatos presidenciales colombianos Miguel Uribe Turbay y la periodista Vicky Dávila, con el propósito de construir un escenario político que facilitara la salida anticipada del presidente.
Las reacciones desde el Gobierno no se hicieron esperar. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue uno de los primeros en pronunciarse públicamente, advirtiendo que cualquier intento por desconocer la legitimidad del presidente o alterar el orden constitucional podría encuadrarse en delitos de gravedad. A su juicio, las conductas del excanciller podrían estar relacionadas con el delito de traición a la patria, una figura tipificada en el Código Penal colombiano.
De acuerdo con el artículo 455 del Código Penal, este delito contempla penas de prisión de entre 320 y 540 meses (entre 26 y 45 años) para quienes adelanten acciones que atenten contra la soberanía, la integridad territorial o la unidad nacional. Además, la ley establece sanciones específicas para casos de “traición diplomática”, con penas que oscilan entre los 80 y los 270 meses (6 a 22 años) de prisión para funcionarios del Estado que, en el ejercicio de relaciones internacionales, actúen en perjuicio de los intereses del país.
La ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, también expresó su repudio frente al contenido de las grabaciones. Aunque no se ha pronunciado oficialmente en el cargo sobre posibles acciones legales, en redes sociales calificó la conducta de Leyva como un atentado contra la democracia e hizo un llamado a defender la institucionalidad más allá de simpatías políticas.
En esa misma línea, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, señaló que los hechos conocidos no deben minimizarse y sugirió que se está frente a una operación de desestabilización que amerita atención judicial y política. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió al asunto en entrevista con Noticias Caracol, indicando que ya se tenía conocimiento de algunas señales que apuntaban a un plan de conspiración contra el actual Gobierno.
El caso ha suscitado un debate sobre los límites de la oposición política y las consecuencias legales de eventuales acciones encaminadas a interrumpir el curso institucional en Colombia. Si bien no se ha anunciado hasta el momento ninguna investigación formal contra Álvaro Leyva por parte de la Fiscalía General de la Nación o la Procuraduría, el clima político se ha tensado y se esperan nuevas reacciones en los próximos días.
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