El presidente Gustavo Petro manifestó su rechazo a la decisión de las autoridades migratorias de Serbia de impedir el ingreso del profesor colombiano Miguel Ángel Beltrán, y exigió una explicación formal del gobierno de ese país. Para el mandatario, lo ocurrido representa una posible violación a los derechos humanos y sugiere la existencia de mecanismos internacionales de persecución basados en el pensamiento político.
Desde su cuenta oficial, el jefe de Estado señaló que este tipo de prácticas podrían estar respaldadas por listas de perfilamiento ideológico elaboradas por gobiernos anteriores en Colombia, y cuestionó que datos biométricos de ciudadanos colombianos estén siendo compartidos con autoridades extranjeras sin los debidos controles. Según el mandatario, el uso de instrumentos de seguridad contra el crimen no debe derivar en formas de persecución política encubierta.
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“Lo que le ha sucedido al profesor Beltrán en Belgrado, tiene todo mi rechazo. El gobierno serbio debe explicarle a Colombia porque detiene a nuestros intelectuales.Pero, peor aún, la detención del profesor Beltrán demuestra la existencia de listas en las aduanas internacionales, perfiladas por el pensamiento político. Esas listas negras de colombianos perfilados por su pensamiento político solo pudo salir de un gobierno colombiano, y es una clara violación de derechos humanos que se debe investigar y debe terminar”, escribió.
La reacción presidencial se dio horas después de que se conociera la retención del profesor Beltrán, docente de la Universidad Nacional de Colombia, en el aeropuerto de Belgrado, Serbia. El académico, quien viajaba junto a la profesora Natalia Carusso, de la Universidad Pedagógica Nacional, y sus dos hijos menores de edad, fue inadmitido por las autoridades migratorias cuando intentaba ingresar al país para participar en el 58° Congreso Internacional de Americanistas (ICA), previsto del 30 de junio al 4 de julio en la Universidad de Novi Sad.
Según informó la Universidad Nacional, las autoridades serbias justificaron la negativa de ingreso bajo el argumento de que el profesor “no era apto”, sin proporcionar mayores explicaciones. Tras la decisión, tanto los docentes como los menores fueron conducidos a un espacio de retención con condiciones similares a una celda, donde deberán permanecer por al menos 12 horas antes de ser reembarcados con destino a Lisboa, Portugal.
La situación encendió alertas en distintos sectores del ámbito académico y político en Colombia. La Universidad Nacional hizo un llamado urgente a la Cancillería para que intercediera ante el gobierno serbio, a fin de garantizar los derechos fundamentales del docente y de los niños involucrados. Asimismo, la institución pidió investigar las razones por las que Beltrán y su familia han sido objeto de este tipo de incidentes de forma reiterada.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del vicecanciller para Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo, confirmó que se han impartido instrucciones al consulado colombiano en Budapest, que tiene jurisdicción sobre Serbia, para dar seguimiento al caso. La Cancillería mantiene contacto con las autoridades serbias con el fin de esclarecer lo ocurrido y garantizar que se respeten los derechos de los ciudadanos colombianos afectados.
Hasta el momento, el gobierno de Serbia no ha emitido una declaración pública sobre los motivos que llevaron a inadmitir al profesor colombiano.
Miguel Ángel Beltrán es un sociólogo especializado en temas de conflicto armado, derechos humanos y movimientos sociales. Ha sido una figura controversial en el país desde que en 2009 fue capturado bajo acusaciones de supuestos vínculos con las Farc, cargos de los que fue posteriormente absuelto. Desde entonces, ha continuado su trayectoria académica y ha participado en diversos foros internacionales.
El Congreso Internacional de Americanistas, al que se dirigía al momento de su retención, es una de las citas más importantes para investigadores del continente, y reúne a expertos en historia, antropología, sociología, literatura y otras disciplinas sociales y humanísticas.
El caso ha reactivado un debate de fondo en Colombia sobre el uso de herramientas de control internacional con fines ideológicos, así como sobre la necesidad de proteger la libertad académica y la movilidad de los investigadores en el ejercicio de sus labores profesionales.
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