El 24 de junio de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció en el Consejo de Ministros que el Gobierno no continuará con la empresa Thomas Greg and Sons en el proceso de licitación, que calificó de fraudulento, para la elaboración de pasaportes. La declaración se produjo en un contexto de alta tensión dentro del gabinete, donde las decisiones técnicas y las posturas políticas chocan de manera reiterada.
El primer mandatario no solo denunció irregularidades en la licitación, sino que también hizo referencia directa a la situación de Álvaro Leyva, quien, según sus palabras, “por demorarse en hacerme caso de suspender rápido ese proceso, terminó en un lío que lo sacó del cargo por decisión de la Procuraduría. Ahora quiere vengarse de mí con sus famosas carticas tontas”. Esta afirmación, cargada de reproche personal, expuso la fractura interna en el manejo de uno de los contratos más complejos y polémicos de la administración actual.
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Horas antes de este anuncio, la canciller Laura Sarabia había comunicado oficialmente que el contrato con Thomas Greg and Sons se prorrogaría por 11 meses más, una decisión que buscaba garantizar la continuidad en la expedición de pasaportes para los ciudadanos colombianos. Este contraste entre el mensaje presidencial y la postura de la cancillería reavivó el debate público sobre la coherencia y la coordinación dentro del Ejecutivo. Sin embargo, tanto el presidente como la alta funcionaria insistieron en que no existió una desautorización formal, sino una diferencia en la interpretación de los pasos a seguir para resolver el problema de fondo.
“Tal como lo ha instruido el presidente Gustavo Petro el nuevo modelo de expedición de pasaportes representa un fortalecimiento del Estado colombiano, y en esa dirección seguimos trabajando. A partir del 1 de septiembre, sin ninguna afectación en el servicio, se implementará una nueva etapa transitoria en la que la gobernanza de los datos pasará a estar bajo control de la Cancilleria de Colombia, mientras la Imprenta consolida sus capacidades para asumir esta nueva responsabilidad”, sostuvo la canciller Sarabia.
Frente a esto, el excanciller Luis Gilberto Murillo utilizó sus redes sociales para cuestionar la decisión del Gobierno nacional. Así mismo, defendió sus propuestas mientras ostentaba el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, en particular, el modelo de cooperación con otros países y soberanía nacional en la expedición del documento.
“El modelo de pasaportes que dejamos se sostenía sobre dos pilares: cooperación internacional con Portugal y soberanía nacional en la producción, incluyendo soberanía sobre los datos y mayor participación pública. Es el mismo modelo que aplican países como Alemania, España o Argentina: viable, competitivo y de vanguardia”, escribió en su cuenta de X.
De igual manera, señaló que el modelo que propuesto era beneficioso para el Estado, además de asegurar que era sostenible en el tiempo. “Era tan sostenible financieramente que pudimos reducir su precio en un 12% en el valor del trámite. No busquen excusas. La ejecución era el siguiente paso”.
Luis Gilberto Murillo lamentó cierre de oficinas de la ONU en Colombia
El excanciller Murillo se refirió al anuncio del próximo cierre de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos. En el comunicado se informa que la decisión genera afectaciones en Antioquia, Chocó, Córdoba, Guaviare, Meta, Huila, Tolima y Caquetá, donde tienen cobertura, y la pérdida de 46 empleos.
De acuerdo con el exfuncionario, que aspira a la Presidencia de Colombia, la situación que afronta la ONU demuestra que la carencia de colaboración internacional está repercutiendo en las comunidades más vulnerables del país, que reciben ayuda de la organización.
Y agregó: “La solidaridad internacional es un activo estratégico para la paz, los derechos humanos y la estabilidad. Colombia no puede permitirse perder este respaldo estratégico, todo lo contrario, debe preservar y fortalecer estos lazos de cooperación”
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