
Siguen los coletazos del controversial evento presidencial que se llevó a cabo el pasado sábado con los jefes de las bandas criminales que delinquen en Medellín y su área metropolitana, a los que trasladaron desde la cárcel de Itagüí para que se reunieran con el jefe de Estado en la emblemática plaza de La Alpujarra.
Al acto le han llovido críticas porque los señalados delincuentes, incluso condenados por homicidios, se dirigieron a la opinión pública al ser nombrados como voceros dentro del proceso que adelantan con el Gobierno nacional para que lleguen a un acuerdo con el que se cese la violencia en ese territorio antioqueño, sin que se hubiera concretado un marco jurídico con el que se adelanten procesos de reparación a sus vícitimas.
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No obstante, durante el consejo de ministros televisado, que lideró en la noche del martes 24 de junio, el presidente de la República, Gustavo Petro, defendió nuevamente su encuentro con los criminales y aseguró que como estaban inmersos en procesos penales y privados de la libertad ya no estaban al margen de la ley, si no que por esa razón ahora eran “personas en rehabilitación”.
“Los presos son personas en rehabilitación. ¡Personas! Ninguno puede perder esa característica de ser un ser un individuo de la humanidad que tiene derechos. El de un preso es a ser rehabilitado por el Estado, pero aquí lo volvemos más criminal de cómo entra", afirmó.

El jefe de Estado indicó que, en ese orden de ideas, lo que pasó en Medellín era un acto en el que esas “personas en rehabilitación” mostraban en público y no “debajo de una mesa” cómo hacían un “pacto de paz en los barrios” de la capital antioqueña.
Aseguró que, por lo demás, ese proceso había evidenciado importantes avances ya que en esa ciudad hay una tasa de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando en la época del narcoterrorismo de Pablo Escobar superaba los 400 asesinatos, por lo que tenían que lograr un marco jurídico para conseguir un cese definitivo de la violencia con esas estructuras criminales.
Petro fue más allá y aseguró que lo que realmente había provocado resistencia a ese evento era lo que podrían revelar los jefes de las bandas, ya que antes de ese proceso, si bien se redujo un poco la violencia, fue por pactos en contubernio con fines proselitistas.
“La gobernabilidad era una estrategia por medio de la cual las bandas y sus jefes en las calles negociaban votos con los políticos. Los políticos les decían baje la tasa de homicidios y sigan. Entonces Medellín se volvió una ciudad bajo la extorsión”, aseveró.

El mandatario le solicitó, por esa razón, lograr ese marco jurídico, porque, reconoció, que por su ausencia esos procesos con estructuras criminales “están haciendo agua” y lo que se pretende en su administración es extenderlos.
“Los hemos hecho en Buenaventura, Quibdó, Medellín, y quiero abrir uno en Barranquilla. Claro, atacan los procesos por eso, porque las bandas saben la verdad: quiénes hablaron y negociaron con ellos. En Medellín yo no subí delincuentes a las tarimas, al contrario fue con los delincuentes que hablaron alcaldes y otros. Ojo con eso, la prensa lo borra", reiteró.
En ese aparte de su reunión el presidente también la emprendió contra la defensora del Pueblo, Iris Marín, ya que ella cuestionó que a los jefes de las bandas les abrieran micrófonos en plaza pública, cuando había cometido una serie de delitos contra sus víctimas.
No obstante, según Petro, el hecho de que hubieran estado en tarima frente a las personas que afectaron con su accionar, era en si mismo un acto de reparación.
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