En un momento decisivo para uno de los procesos judiciales más trascendentales de la historia política reciente de Colombia, el expresidente Iván Duque salió el martes 24 de junio en defensa de Álvaro Uribe Vélez, luego de que la Fiscalía General de la Nación solicitara al juez que impusiera una sentencia condenatoria contra el exmandatario por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal.
El respaldo de Duque a su mentor político se dio a conocer a través de un contundente mensaje en su cuenta de X, donde afirmó: “No puede haber condena donde no existen pruebas”.
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El pronunciamiento de Duque se produjo apenas horas después de que la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela, solicitara al alto tribunal que se emitiera un fallo condenatorio contra Uribe. La audiencia, realizada en Bogotá, estuvo marcada por un ambiente de alta expectativa debido a la relevancia política y jurídica del caso, que ha mantenido la atención del país durante varios años.
“Al expresidente Álvaro Uribe se le ha perseguido con un proceso cargado de infamias y motivaciones políticas, donde se ha querido reemplazar la verdad por el odio. Confiamos en que su inocencia se impondrá, como debe ser”, concluyó Duque en su mensaje.
La solicitud de condena de la Fiscalía
La fiscal Marlene Orjuela fundamentó su petición en lo que calificó como un conjunto de pruebas que acreditarían la responsabilidad penal del expresidente en los hechos investigados.
La representante del ente acusador destacó especialmente el valor del testimonio de Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar y considerado el principal testigo del proceso. En palabras de la fiscal, “elementos como la carta dirigida a la Corte, los videos, las grabaciones y las múltiples evidencias de las presiones ejercidas para torcer su voluntad, dan cuenta de que Monsalve nunca buscó beneficios a cambio de sus afirmaciones”.
Orjuela insistió en que las declaraciones de Monsalve no corresponden a hechos aislados ni motivados por intereses personales, sino que se encuentran respaldadas por pruebas documentales y audiovisuales que refuerzan su credibilidad. En ese sentido, la fiscal pidió al despacho judicial que el testimonio del exparamilitar fuera considerado como una “prueba estructural de la responsabilidad penal del acusado, en el intento de alterar la verdad judicial mediante soborno, coacción y fraude procesal”.
La posición de la Fiscalía implica que, a juicio del ente investigador, el exmandatario habría participado en maniobras destinadas a incidir indebidamente en el curso del proceso judicial en su contra, mediante actos de presión y ofrecimientos irregulares a testigos.
La defensa de Uribe insiste en una persecución política
Frente a los argumentos de la Fiscalía, la defensa de Álvaro Uribe ha mantenido su tesis de que el exjefe de Estado es víctima de una persecución judicial con claros tintes políticos.
Desde el inicio del proceso, los abogados del expresidente han denunciado que el caso se basa en testimonios poco confiables y que el objetivo real de la acusación sería el de afectar la imagen y el legado de Uribe, figura central de la política colombiana durante las últimas dos décadas.
Además, el expresidente, líder del partido Centro Democrático, enfrenta un proceso que ha polarizado a la opinión pública y ha reavivado el debate sobre la independencia judicial, el respeto al debido proceso y la lucha contra la impunidad. En ese sentido, la solicitud de condena presentada por la Fiscalía representa un hito dentro de un proceso que ha atravesado diversas etapas, incluyendo la renuncia de Uribe a su escaño en el Senado en 2020 y la decisión de la Corte Suprema de remitir el expediente a la justicia ordinaria.
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