Gustavo Petro objetó la ley que transfería control del Fonpet a alcaldes y gobernadores: esta fue la razón

El presidente Gustavo Petro decidió objetar por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia la ley aprobada por el Congreso que otorgaba mayor control a los mandatarios regionales sobre los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), actualmente administrados en gran parte por el Ministerio de Hacienda.

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“Se considera que este proyecto de ley es inconstitucional, por las siguientes razones: (i) vulnera el artículo 334 superior, pues desconoce la sostenibilidad fiscal de la Nación; (ii) infringe el artículo 48 constitucional, ya que menoscaba la prohibición de destinar y utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella, así como la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones”, señala el documento del primer mandatario.

La iniciativa legislativa buscaba permitir que alcaldes y gobernadores pudieran tener mayor incidencia en el manejo de los recursos destinados a financiar las pensiones de maestros, funcionarios públicos y otros empleados del sector estatal en los territorios. El argumento de los promotores apuntaba a que la descentralización de dichos recursos facilitaría una gestión más eficiente, adaptada a las necesidades de cada región.

La iniciativa en cuestión, tramitada bajo los números 479 de 2024 en Cámara y 075 de 2024 en Senado, proponía modificar la Ley 549 de 1999 para permitir una mayor participación de los entes territoriales en las decisiones sobre los fondos destinados a cubrir obligaciones pensionales en sectores como salud, educación y otros gastos generales. Fue enviada a la Casa de Nariño el pasado 11 de junio para su sanción presidencial.

Sin embargo, en una comunicación oficial dirigida al presidente del Senado, Efraín Cepeda, el jefe de Estado informó su decisión de objetar la ley. La objeción fue respaldada por los ministerios de Hacienda y Trabajo, que consideraron que el texto aprobado por el Legislativo presentaba múltiples riesgos para la sostenibilidad del sistema pensional.

De acuerdo con el análisis del Ejecutivo, el proyecto vulnera principios constitucionales relacionados con la sostenibilidad fiscal y compromete recursos públicos sin establecer fuentes claras de financiación. Además, se advirtió que la norma afectaría el ordenamiento vigente sobre el uso de bienes y rentas de las entidades territoriales, al permitirles un mayor grado de autonomía sobre recursos considerados estratégicos para la seguridad social.

Actualmente, los recursos del Fonpet son administrados principalmente por el Ministerio de Hacienda, que los destina al cumplimiento de las obligaciones pensionales de maestros, empleados públicos y otros beneficiarios del régimen territorial. La norma objetada pretendía otorgar a los entes territoriales una mayor capacidad de gestión, acceso en tiempo real a la información financiera de sus cuentas y la posibilidad de utilizar excedentes una vez se cumpliera con el 100% del pasivo pensional.

El proyecto fue impulsado por varios sectores políticos y liderado en la Cámara por el representante Wilmer Castellanos, de la Alianza Verde, quien actuó como coordinador ponente. Entre los argumentos presentados por los promotores de la iniciativa, se destacaba la posibilidad de fortalecer la seguridad financiera de los pensionados a nivel regional y permitir un uso más eficiente y contextualizado de los recursos acumulados por cada entidad.

Con la objeción del Gobierno, el proyecto deberá ser reevaluado en el Congreso. La corporación legislativa tendrá que decidir si modifica el texto, acoge las razones del Ejecutivo o mantiene su posición original, lo que podría llevar el asunto a revisión de la Corte Constitucional, en caso de insistencia.

Esta controversia se inscribe en una discusión más amplia sobre la distribución de competencias y recursos entre la Nación y las entidades territoriales, así como sobre el equilibrio entre autonomía regional y responsabilidad fiscal. En el fondo, el debate toca aspectos claves del diseño institucional del sistema pensional colombiano y su viabilidad en el largo plazo.