La millonaria licitación del Sistema Integrado de Transporte de Pereira, operado por Megabús S. A., está en el centro de la polémica luego de que la Presidencia de la República, a través de la Secretaría de Transparencia, ordenara suspender de inmediato el proceso contractual por supuestas irregularidades que afectarían los principios de transparencia y libre concurrencia.
El contrato era por un valor superior a los $11.356 millones y con una duración de 21 años, y tenía como objetivo la concesión para la operación del servicio de recaudo y gestión tecnológica del sistema.
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El anuncio fue hecho por el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga Franco, a través de su cuenta de X, donde compartió detalles de la decisión y el documento enviado al presidente Gustavo Petro.
“Le he solicitado a la Gerencia de Megabus S. A., Suspenda el proceso de contratación No. MB-LP001-2025, por valor de $11.356.800.000, para la concesión por 21 años de la operación del servicio de Megabús (recaudo, suministro, implementación, soporte, mantenimiento y actualización del sistema de recaudo), hasta que realice una revisión íntegra de la estructuración de los pliegos, con la finalidad que no se comprometa sin remedio alguno la responsabilidad disciplinaria y penal de los servidores públicos y contratistas involucrados en la estructuración y evaluación del proceso de selección”, indicó Idárraga.
Los fundamentos de la alerta
La decisión de la Presidencia se basa en una alerta temprana expedida en virtud del numeral 21 del artículo 26 del Decreto 2647 de 2022, norma que faculta a la Secretaría de Transparencia para solicitar y analizar información de entidades públicas o privadas que administren recursos del Estado. En la comunicación oficial, remitida también al gerente de Megabús, Gustavo Cardona Aguirre, se detallan los motivos que llevaron a la determinación de frenar el proceso.
Entre los hallazgos más relevantes se encuentra la presunta fijación irregular de indicadores financieros que afecta la libertad de concurrencia y el principio de transparencia. De acuerdo con el análisis de la Secretaría, el proceso contractual incluyó indicadores financieros desproporcionados que habrían limitado injustificadamente la participación de proponentes.
Según el informe, las observaciones realizadas por diferentes actores durante el proceso fueron rechazadas sistemáticamente por la entidad contratante, bajo el argumento de que “los indicadores utilizados obedecen al análisis sobre una amplia lista de empresas del sector que cumplen con estos”.
Sin embargo, la Secretaría de Transparencia revisó el análisis sectorial que sirvió de base para estos indicadores y concluyó que los requisitos financieros no fueron fijados de forma objetiva ni razonable. “El primer aspecto de la mayor gravedad consiste en la distorsión, presuntamente irregular, de la información que sustenta los indicadores financieros, específicamente los que sirvieron de base para la determinación del indicador de liquidez”, se precisa en el documento oficial.
Petición de revocatoria y notificación a la Procuraduría
Además de solicitar la suspensión de la licitación, la Secretaría pidió a Megabús que revoque el acto administrativo de apertura de la licitación. “(...) y con esto, cese las actuaciones contrarias al derecho público y de contratación estatal en las que se haya podido incurrir hasta el momento”, expresó Andrés Idárraga.
La alerta también fue puesta en conocimiento de la Procuraduría, para que adelante las investigaciones que considere pertinentes. “Así mismo, he remitido copia de esta alerta a la Procuraduría General de la Nación, tanto para el ejercicio de sus funciones preventivas, como de instrucción si a ello hay lugar, por la presunta comisión de conductas disciplinarias que han afectado el interés general y los principios de la contratación estatal”, añadió el secretario.
Con esta intervención, el proceso queda suspendido hasta tanto no se realice una revisión integral de los pliegos de condiciones y se evalúe si es necesario estructurar de nuevo la licitación.
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