
Un documento de 10 páginas enviado por la Procuraduría General de la Nación a la magistrada Gloria María Gómez Montoya rechazó la solicitud de medida cautelar para suspender temporalmente la elección de Héctor Alfonso Carvajal Londoño como magistrado de la Corte Constitucional.
En el escrito, firmado por la procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado, Yolima Carrillo, se establece con claridad, “solicita negar la medida cautelar de suspensión de los efectos del acto de elección de Héctor Alfonso Carvajal Londoño como magistrado de la Corte Constitucional”.
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La Procuraduría señaló que, por el momento, no se observa, ni puede demostrarse, ninguna vulneración a principios fundamentales como la igualdad, la no discriminación, la eficacia, la continuidad del servicio ni la razonabilidad en la administración de justicia. En sus palabras, “no es dable acceder a la suspensión provisional del acto de elección… toda vez que no se evidencia la trasgresión de los principios de igualdad y no discriminación, ni de los de eficacia, continuidad del servicio y razonabilidad en la administración de justicia”.
Detrás de esta petición está una demanda presentada por Dorian Alexander Agudelo, que argumentó que la terna sometida al Senado incluía a dos mujeres y un hombre, lo que, según él, quebrantaba el “equilibrio de género” al interior del alto tribunal.
Además, Agudelo afirmó que, “la trasgresión de los principios de eficacia, continuidad del servicio y razonabilidad…” se sustentaba en que Carvajal, con 66 años, estaría a apenas cuatro años del retiro forzoso, lo que le impediría completar el periodo constitucional de ocho años como magistrado, afectando la estabilidad de la jurisprudencia.
Frente a estos argumentos, la Procuraduría señaló que los nominadores provienen de instancias diversas como Presidencia, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, y que, por ende, las disposiciones invocadas no aplican de forma automática. Como se indica en el concepto: “Las disposiciones que se aducen como trasgredidas, para el caso concreto, no resultan aplicables de manera pura y simple, materializándose la excepción del artículo 6º de la Ley 581 de 2000”.

Eso sí, la entidad también aclaró que eso no impide que el enfoque de género femenino sea evaluado por el Ministerio Público en el curso del proceso: “Lo anterior, sin perjuicio del análisis del enfoque de género femenino que realice el Ministerio Público a lo largo de las subsiguientes etapas procesales”.
Respecto al cuestionamiento por la edad de Carvajal y su cercanía al retiro forzoso, la Procuraduría concluyó que ésta no constituye impedimento para su elección como magistrado. Por ello, considera que la solicitud de suspensión provisional no tiene fundamentos sólidos para prosperar.
Quién es Héctor Carvajal
Con 66 años y una carrera jurídica que ha oscilado entre el litigio, el asesoramiento estatal y la defensa de figuras políticas clave, Héctor Carvajal Londoño fue elegido magistrado de la Corte Constitucional con 66 votos en el Senado, en reemplazo de Cristina Pardo. Su elección no sorprendió, era el favorito y generó ruido por su cercanía al presidente Gustavo Petro, a quien ha representado en diversas batallas jurídicas.
Formado como abogado en la Universidad Católica de Colombia, con especialización en Derecho Administrativo y maestría en Derecho Público, Carvajal defendió causas ante el Consejo de Estado, la Procuraduría y la Corte IDH. En la era del procurador Ordóñez, representó a Petro cuando fue destituido como alcalde de Bogotá, una decisión que luego tumbó la justicia internacional. Desde entonces, Carvajal sostuvo la tesis, también defendida por Petro, de que solo un juez puede limitar derechos políticos de funcionarios elegidos en las urnas.

Su historial incluye contratos como asesor bajo el Gobierno actual, representaciones de políticos como Oneida Pinto, Daniel Quintero o Alfredo Ape Cuello, e incluso un episodio peculiar como enlace entre Petro y su opositor Álvaro Uribe en una reunión reservada en Bogotá.
Carvajal llegó al máximo tribunal constitucional con un perfil técnico y político a la vez, lo que para muchos plantea interrogantes sobre la independencia de la Corte. Él, sin embargo, defiende su trayectoria como la de un jurista coherente con sus principios.
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