Katherine Miranda mostró su preocupación por cambios en el contrato de aprendizaje del Sena: “¿Para quién es realmente esta reforma?”

En un hilo publicado en la red social X, la representante a la Cámara Katherine Miranda, que hace parte de la bancada del partido Alianza Verde, expresó el miércoles 18 de junio de 2025 sus consideraciones frente a los alcances de la reciente reforma aprobada en el Senado, en relación con el contrato de aprendizaje del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), que podría traer efectos negativos para los mismos beneficiarios que pretende proteger.

Según los datos presentados por Miranda, el alza en los costos para las empresas al contratar aprendices podría desincentivar la vinculación formal de estos jóvenes al mercado laboral. Esta postura, expuesta tras los cambios legislativos, reaviva el debate sobre la eficacia real de las nuevas condiciones laborales impulsadas desde el Congreso de la República; pues la vía de escape para no cumplir con la normativa podría perjudicar los procesos formativos.

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De acuerdo con el análisis de la representante, las modificaciones al contrato de aprendizaje implican transformaciones profundas respecto al régimen previo. La nueva normativa transfiere las características de un contrato especial de aprendizaje hacia un contrato laboral a término fijo y especial, con el aumento del pago a los aprendices en la etapa lectiva, pasando del 50% al 75% del salario mínimo, y en la etapa práctica del 75% al 100%.

Asimismo, se incluyó la cobertura de salud y pensión, y aunque se elevó la multa aplicable a empresas que eviten contratar aprendices a pesar de la obligación.

Sin embargo, como recalcó la parlamentaria, las novedades en la ley no garantizarían una mayor contratación efectiva. “Aunque les devolvieron derechos laborales que mejoran su situación laboral, dejaron viva una cuota de monetización que impedirá que los contraten. La reforma laboral engaña diciendo que entregan mejores condiciones a los trabajadores, pero la realidad es que no hay quien las pague”, afirmó Miranda en su publicación, que incentivó el debate.

Según detalló la congresista, la opción de monetización, que permite a las empresas cumplir con la obligación legal de vincular aprendices mediante el pago de una cuota mensual al Sena, en lugar de la contratación directa, bajo circunstancias excepcionales, resultaría más atractiva en estos casos, debido a que aumentará la carga impositiva ante la contratación de aprendices y habrá empresarios que prefieran contratar empleados con experiencia en el mercado.

Es preciso destacar que la ley 1450 de 2011 actualizó las categorías empresariales según el número de empleados, lo que tiene implicaciones directas sobre la obligatoriedad de contratación de aprendices. Así, una microempresa cuenta hasta 10 trabajadores, una pequeña empresa entre 11 y 50, una mediana empresa de 51 a 200, y una gran empresa desde 201 en adelante.

La normativa exige que cualquier firma que cuente con 15 o más trabajadores debe contratar aprendices bajo una proporción de uno por cada 20, y solo uno si la fracción supera los 10, pero no llega a 20. El aumento en la remuneración y prestaciones sociales para los aprendices transformaría el panorama económico para las empresas. “¿Estarán en capacidad de pagar las nuevas condiciones de contratación de los aprendices del Sena?”, cuestionó Miranda.

En ese orden de ideas, la congresista enfatizó que para una pequeña empresa contratar un aprendiz implicará un costo aproximadamente doble al vigente hasta ahora. Esto, según su análisis, podría llevar a que algunas organizaciones opten por pagar la cuota de monetización. “Según estos cálculos, las empresas preferirán pagar la cuota de monetización a contratarlos formalmente”, señaló Miranda, que se opuso a esta modificación en la Cámara.

Y alertó que la retórica de “justicia laboral” no corresponde con los efectos prácticos que percibirán los jóvenes en búsqueda de experiencia y empleo. “¿Entonces para quién es realmente esta reforma? ¿Para los titulares? Porque para los jóvenes, claramente no lo es. Mientras venden un discurso de ‘justicia laboral’, lo que hacen es ahuyentar la posibilidad real de empleo para miles de aprendices. No les están garantizando condiciones reales, esto es solo populismo disfrazado de progreso”, criticó la congresista.

Es válido resaltar que la monetización del contrato de aprendizaje surgió como una alternativa excepcional y no como la regla general, y está pensada para empresas que, por razones justificadas, no pueden vincular aprendices directamente.

La cuota que deben pagar estas empresas se define con base en el número de trabajadores y un porcentaje del salario mínimo legal vigente, pero para la representante la flexibilización de este mecanismo puede convertirse en el camino habitual para evitar el cumplimiento de la obligación de contratar aprendices, bajo la presión de mayores costos.