En el corazón del Pacífico colombiano, una nueva ola de violencia puso en riesgo a más de 300 familias en la zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca. Las confrontaciones armadas entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) provocaron el confinamiento de comunidades enteras en el Bajo Calima, una región de alto interés estratégico por su cercanía con el océano y su conexión con rutas fluviales clave para el control territorial y las economías ilegales.
Según las autoridades regionales, en diálogo con Blu Radio, el conflicto recrudeció durante las últimas del primer semestre de 2025, afectando directamente a familias que anteriormente ya habían sufrido desplazamientos forzados. Estas personas, que después de dos años de permanecer en albergues habían retornado a sus lugares de origen con la esperanza de reconstruir sus vidas, en la actualidad, vuelven a estar en situación de riesgo debido al control territorial que ejercen los grupos armados ilegales en la zona.
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La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se pronunció sobre esta crisis humanitaria que atraviesa su departamento desde principios de 2025, en RCN Radio: “La gente del Bajo Calima está confinada y está confinada por las actuaciones del ELN y la disputa que hay allí por el control territorial”.
Los enfrentamientos en el Bajo Calima, además de tener consecuencias directas sobre la seguridad y la movilidad de las comunidades rurales, están generando una creciente preocupación por el posible deterioro de la estabilidad en el resto de Buenaventura. En la zona urbana del puerto más importante del Pacífico, la violencia tampoco da tregua.
Las estructuras criminales conocidas como Shottas y Espartanos mantienen una disputa que ha dejado numerosos hechos violentos, generando temor entre los habitantes y sobrecargando las capacidades institucionales.
Desde hace días, los habitantes de varias veredas, especialmente San Isidro y La Esperanza, no pueden salir de sus viviendas por temor a quedar en medio del fuego cruzado, lo que obligó a la suspensión total de las clases en las instituciones educativas de la región.
“Hemos evidenciado que en muchas instituciones educativas los rectores, comunidades indígenas en algún momento decidieron cesar las actividades educativas con el fin de salvaguardar la vida de los niños cuando hay presencia de los grupos al margen de la ley en el territorio”, advirtió el personero de Buenaventura, Carlos Jefferson Potes, para Blu Radio.
Esta decisión implicó que decenas de niños y adolescentes pierdan acceso al derecho a la educación, sin que hasta el momento existan garantías de seguridad para reanudar las clases.
El confinamiento forzoso derivó también en una creciente crisis de acceso a alimentos, atención médica y otros servicios esenciales. Las familias afectadas deben sobrevivir con lo que tienen en sus casas, ya que desplazarse hasta los centros poblados para abastecerse implica un riesgo permanente, puesto que las restricciones a la movilidad cortaron las cadenas de suministro de productos básicos, y la presencia de grupos armados ilegales en los caminos rurales impide que las autoridades puedan llegar con ayuda humanitaria.
Fracciones de los Shottas intensifican su poder en medio de la disputa criminal por el Pacífico colombiano
La reciente ola de violencia en el occidente del país dejó en evidencia el fortalecimiento de estructuras criminales como los Shottas, uno de los dos grupos que dominan el crimen organizado en Buenaventura. En medio de un panorama donde confluyen carteles mexicanos, disidencias armadas y bandas locales, fracciones de dicha estructura aprovecharon el desorden para expandir su control territorial en sectores estratégicos del Valle del Cauca y el litoral Pacífico.
De acuerdo con un análisis de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), su participación activa en economías ilegales como el narcotráfico, la extorsión y la trata de personas consolidó su presencia frente a otros grupos como los Espartanos, sus rivales históricos.
La infiltración del cartel de Jalisco Nueva Generación (JNG) y del cartel de Sinaloa modificó el equilibrio del crimen en la región. Estas organizaciones, además de financiar a las disidencias, han encontrado en bandas como los Shottas un aliado estratégico para articular redes logísticas y de seguridad, por lo que se derivó en un aumento de los niveles de violencia urbana en Buenaventura y en zonas rurales del Cauca.
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