El martes 17 de junio de 2025, tras 57 diligencias judiciales, concluyó la etapa de juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, investigado por presunto soborno a testigos, fraude procesal y soborno en actuación penal.
La etapa concluyó con la declaración del perito Daniel Ríos Sarmiento, que fue la persona encargada de analizar las pruebas documentales recogidas en 2018.
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Así las cosas, el Juzgado 44 de Conocimiento de Bogotá fijó para el próximo martes, 24 de junio, el inicio de los alegatos de conclusión.
La primera en intervenir será la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela, donde pedirá sentido de fallo condenatorio contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal.
Una vez finalizada la declaración de la fiscal Marlene Orjuela, el siguiente en intervenir será el delegado de la Procuraduría General, Bladimir Cuadro Crespo. Según fuentes consultadas por el medio de comunicación Semana, Cuadro Crespo pedirá fallo absolutorio.
El siguiente en intervenir será el vocero de las presuntas víctimas del caso, en donde se encuentra el senador Iván Cepeda; el exfiscal Eduardo Montealegre; Deyanira Gómez, expareja sentimental de Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar y testigo clave del caso, entre otras presuntas víctimas.
Finalmente, el último en intervenir será la defensa del exmandatario colombiano (2002-2010), en cabeza de Jaime Granados, para posteriormente darle la palabra a Álvaro Uribe, que ya manifestó su deseo de realizar su defensa técnica en este caso.
Luego de que todos relaciones sus respectivas intervenciones, que podrían ser dos semanas, la jueza Sandra Liliana Heredia fijará fecha y hora para emitir su respectivo sentido de fallo.
Sea cual sea la decisión, los sujetos procesales tienen derecho a presentar su respectivo recurso de apelación, que de ser así, será estudiado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
Declaración del perito
El perito Daniel Ríos Sarmiento presentó sus análisis basados en los informes 106A y 106B, los cuales elaboró a solicitud de la defensa el 8 de junio de 2025.
Esta prueba pericial se construyó a partir de los Elementos Materiales Probatorios (EMP) proporcionados tanto por la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia como por la propia Corte Suprema de Justicia.
Durante la evaluación de uno de los presuntos relojes espía involucrados en las grabaciones de Diego Cadena, el perito en informática forense Daniel Ríos afirmó que, debido a las condiciones del dispositivo, no fue viable realizar el análisis forense. En su declaración, sostuvo que no se pudo recuperar información del reloj.
Según el informe del experto Daniel Ríos Sarmiento, uno de los dispositivos entregados para su análisis, en cumplimiento de una orden judicial, contenía las presuntas grabaciones de los relojes espía. Este dispositivo registraba un total de 124 archivos eliminados, según la información obtenida durante el análisis.
El abogado Jaime Granados le pidió a la juez 44 de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, anexar como prueba el auto del 7 de marzo de 2025, que detalla el fallo con el cual el juzgado 11 le negó rebajar la pena al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el caso.
Jaime Granados explicó que por medio de un documento de informática forense, se logró detallar el contenido de la memoria USB incautada a Juan Guillermo Monsalve y que fue objeto de peritaje desde octubre de 2024.
Según la defensa del expresidente Álvaro Uribe, el análisis de esa evidencia arrojó un hallazgo no previsto. Se trata de presuntos archivos borrados que, según la defensa, fueron restaurados o editados por el exparamilitar Monsalve.
El abogado penalista detalló que el fallo del juzgado 11 "es útil porque ayuda a la teoría del caso de la defensa, junto con otros elementos de prueba, que efectivamente había un interés de Monsalve en su testimonio para obtener beneficios sustanciales. Y aparte de eso, el que se hubiese ocultado a esta audiencia de esa circunstancia, de la solicitud del decreto por parte del fiscal Daniel Hernández, de esa rebaja punitiva".
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