Otra arista de posible ilegalidad en el decreto con el que el presidente, Gustavo Petro, convocó a su consulta popular para refrendar con la ciudadanía buena parte de la reforma laboral que archivaron en el senado a mediados de marzo: lleva la firma de la nueva ministra de Comercio, Industria y Turismo Diana Marcela Morales Rojas.
Se trata de una controversia jurídica que encontraron expertos que consultaron en el informativo de televisión Noticias RCN y que señalaron que la aprobación que dio la nueva integrante del gabinete era problemática por la forma en que salió de su último cargo como secretaría de la Comisión IV de la Cámara de Representantes.
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Según explicaron, la renuncia la tenían que aprobar en esa célula legislativa mediante una plenaria, pero a Morales Rojas le aceptaron su salida en la mesa directiva de la misma, lo que iría en contravía de la normativa establecida en el Legislativo.
Recogieron que si bien se trataría de un tema menor, realmente comienza a hacer más ruido alrededor de la legalidad del decreto presidencial ya que se tenía que ser votación si se aceptaba o no la renuncia de la ahora ministra, porque “no se trataba solo de firmar” reiteraron los expertos en ese medio de comunicación.
Este detalle se suma a las 10 acciones de nulidad simple, 34 por inconstitucionalidad y 97 acciones de tutela que hay contra la determinación del jefe de Estado y por las que el registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, decidió aplazar el inicio de la consulta popular hasta que las altas cortes se pronuncien de fondo ante estas controversias entre el Legislativo y el Ejecutivo.
Se debe recordar que también se adelanta contra todo el gabinete Petro se solicitó una moción de censura por firmar la orden presidencial para convocar ese mecanismo de participación ciudadana.
La solicitud la presentó el pasado lunes la vicepresidenta de la Cámara de Representantes Lina María Garrido del partido Cambio Radical que cuenta también con el respaldo de 26 congresistas más.
“Todos los ministros firmantes del Decreto 639 deben ser citados a moción de censura porque autorizaron un acto manifiestamente inconstitucional, desconocieron la competencia y decisiones del Senado de la República, usurparon funciones propias del poder judicial y promovieron una crisis institucional de alta gravedad”, señaló la congresista de la oposición.
Petro iniciará acciones legales contra el registrador Penagos
Hernán Penagos comunicó en rueda de prensa que no iniciaría el proceso hasta que las altas cortes se pronunciaran sobre la legalidad del mecanismo.
“Lo correcto, lo pertinente, es dejar en manos de las altas cortes para que decidan si continuamos o no con la consulta popular (...) Ante todo quiero invitar a las altas cortes para que de manera muy rápida y ágil puedan entregarle a Colombia una decisión de fondo”, declaró en rueda de prensa.
El registrador argumentó que la situación pone en juego el principio de separación de poderes y que corresponde a los jueces resolver las controversias jurídicas entre las ramas del poder público.
“Cuando existen controversias jurídicas entre dos ramas es donde deben llegar los jueces a tomar la decisión que corresponda”, reiteró.
Ante esa decisión el presidente Petro expresó en la reunión con su gabinete que el registrador debía acatar la decisión presidencial, ya que el decreto cuenta con “presunción de legalidad”.
El mandatario sostuvo: “El registrador no tenía ningún derecho a decir lo que dijo. Está en una situación de sedición contra el presidente de la República y quiero las acciones jurídicas, eso no se hace”.
Además, enfatizó que todos los funcionarios públicos están obligados a cumplir con los decretos y la ley, sin esperar decisiones judiciales previas.
En su intervención, el presidente también mencionó la posibilidad de retirar la iniciativa de la consulta popular, dependiendo del resultado del debate legislativo sobre la reforma laboral.
El mismo martes, la plenaria del Senado aprobó la resucitada reforma, que ahora debe pasar a conciliación con la Cámara de Representantes.
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