
Lo que se creía que iba a ser un ambicioso y único proyecto en Latinoamérica, específicamente en Bello (Antioquia), terminó convirtiéndose en un foco de zancudos y de presunto despilfarro de dinero.
Se trata del llamativo Central Park, donde funcionaría un moderno autódromo, “de talla mundial”, del que la “Federación Internacional de Automovilismo afirmó que se trataba del más moderno que se ha hecho en el mundo”. Estas fueron las palabras del entonces gobernador Luis Pérez, que anunció con bombos y platillos la puesta de la “primera piedra” en septiembre de 2019.
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Pero, a la fecha, 18 de junio de 2025, no ha entrado en funcionamiento la pista de automovilismo profesional que se le entregaría a los antioqueños. Lo que sí avanzó fue una nueva demanda en contra del proyecto, interpuesta por el veedor ciudadano Elefante Blanco, a través de su apoderado legal, que admitió el Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito de Medellín el 16 de junio de 2025.

“Admítase la demanda instaurada en ejercicio del control de protección de los derechos e intereses colectivos en contra del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia y del Departamento de Antioquia”, se lee en el documento.
El documento advierte que se vincula a “la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, a la Empresa de Vivienda de Antioquia – Viva y al Instituto para el Desarrollo de Antioquia - Idea, por su eventual responsabilidad en la presunta afectación de los derechos o interés colectivos invocados, debido a las obligaciones de interventoría, administración y continuación de ejecución del proyecto ‘Central Park’, contraídas mediante los contratos interadministrativos Nos 443 y 505 de 2019, suscritos entre estas entidades y el Instituto Departamental de Deportes de Antioquia".
En la demanda, responsabilizan al departamento de Antioquia por la presunta mala gestión y uso ineficiente de recursos públicos en el proyecto del originalmente llamado parque metropolitano de deportes Tulio Ospina.
De acuerdo con el alegato, la inversión destinada al parque supera los $49.837 millones, pero hasta la fecha la obra permanece inconclusa, evidenciando signos de deterioro y falta de avances significativos.
El desarrollo del parque, promovido por Indeportes Antioquia, ha estado acompañado de obligaciones contractuales y estudios que resaltaban la importancia de seguir los lineamientos urbanos y ambientales del POT (Plan de Ordenamiento Territorial).
Sin embargo, la planeación y ejecución del proyecto, iniciada con el contrato 066 de 2018 y una secuencia de contratos posteriores para estudios, no habrían cumplido las metas establecidas.
En la demanda se señala que el proyecto ha recibido cuantiosos recursos, incluyendo $18.797 millones para la segunda etapa de graderías, edificio de salud y vitrina de exhibición, y $25.283 millones en un contrato reciente para adecuaciones adicionales, pero la infraestructura aún no entra en funcionamiento.
En materia ambiental, el parque, concebido principalmente para deportes a motor, debía prever la mitigación del ruido en zonas urbanas cercanas.
De hecho, estudios realizados desde 2018 advertían la necesidad de instalar pantallas acústicas y aislamientos, pero, según la denuncia, no se habrían implementado los controles sonoros ni las recomendaciones técnicas. De hecho, este es el tema principal por el que no avanza la ejecución y finalización del proyecto.

Por su parte, la Contraloría General de la República adelantó una investigación fiscal sobre el caso, señalando que el monto invertido en el parque podría haber alcanzado ya los $112.000 millones, aunque aún no se concluye la entrega ni el funcionamiento del complejo deportivo, lo que profundiza las sospechas sobre un posible “detrimento patrimonial” y deja en evidencia la necesidad de revisar a fondo los procesos de planeación, contratación y control en la gestión de infraestructura pública en el departamento.
“De los recursos destinados para el proyecto Parque a Motor Central Park, a través de los contratos interadministrativos 265, 505 y 443 de 2019, por $148.207.035.398, a 25 de octubre de 2021 se habían pagado $112.684.032.424; la CGR evidenció que los recursos ejecutados no se encontraban en el uso para el cual se concibió el proyecto, además las obras ejecutadas se encontraban en deterioro e incompletas, por lo cual se considera daño patrimonial por el total de los pagos realizados", indicó el informe.
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