Una batalla jurídica que duró más de una década terminó con una victoria para el Estado colombiano. El Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fallaron en contra de la sociedad Concesiones y Construcciones Concisa S.A.S., que pretendía una millonaria indemnización por haber sido excluida en 2010 del proceso de licitación del proyecto Ruta del Sol sector III. La reclamación ascendía a $457.291 millones, suma que hoy indexada supera los $464.900 millones.
La decisión representa un importante triunfo para los equipos jurídicos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que lideraron la defensa del Gobierno ante esta demanda. Concisa S.A.S. argumentaba haber sido injustamente descalificada durante la licitación pública No. SEA-LP-001-2010, en la que buscaba quedarse con uno de los contratos más grandes del sector de infraestructura en ese momento.
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El núcleo de la controversia estuvo en los requisitos financieros exigidos por los pliegos. La ANI declaró como “no admisible” la oferta presentada por Concisa al considerar que no cumplía con las condiciones mínimas, específicamente en lo que respecta al cupo de crédito exigido. El Consejo de Estado respaldó esta actuación, al señalar que el proponente no acreditó correctamente la calificación mínima de riesgo de las entidades financieras involucradas, tal como lo exigía el proceso.
“El Consejo de Estado analizó las razones de la ANI y sentenció que el proponente, para la acreditación de la capacidad de endeudamiento, no había avalado la calificación mínima de riesgo de las entidades financieras prevista en el pliego de condiciones”, explicó el presidente de la ANI, Óscar Torres Yarzagaray. “Celebramos dicha decisión que representa una victoria para la nación, evitando el pago de la multimillonaria indemnización reclamada”, añadió.
La Ruta del Sol sector III fue adjudicada finalmente a Yuma Concesionaria S.A., que asumió el desarrollo del proyecto. Esto incluyó la elaboración de estudios y diseños, así como la ejecución de las obras de rehabilitación, ampliación, mejoramiento y mantenimiento en el tramo entre San Roque, Ye de Ciénaga y Carmen de Bolívar, un corredor estratégico para la movilidad del Caribe colombiano.
Este fallo no solo tiene implicaciones económicas, al evitar un impacto fiscal de gran escala, también fortalece la posición institucional del Estado frente a litigios similares que puedan surgir en el futuro. Además, reafirma la validez técnica y legal de los procesos de licitación pública liderados por la ANI.
Por su parte, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado destacó que este es un ejemplo de cómo la articulación entre entidades permite proteger los recursos públicos frente a reclamaciones que no tienen sustento. En total, la defensa evitó un pago que habría representado una carga significativa para el presupuesto nacional, en un contexto de ajustes fiscales y vigilancia sobre el gasto público.
Corredor Bucaramanga - Pamplona
Desde la medianoche del 12 de junio de 2025, la infraestructura vial del corredor Bucaramanga - Pamplona volvió oficialmente a manos del Estado. El Instituto Nacional de Vías (Invías) asumió el manejo de este tramo clave entre Santander y Norte de Santander, luego de culminar la reversión del proyecto que estaba a cargo de la concesión Autovía Bucaramanga - Pamplona S.A.
Entre los activos entregados al Invías se encuentran las estaciones de peaje Villa Joseia, Picacho y Mutiscua. Según informó la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), este proceso se realizó en cumplimiento de los acuerdos contractuales y de la normativa vigente, tras la suscripción del acta de terminación anticipada del contrato el pasado 17 de mayo de 2024.
Aunque el contrato de concesión N.º 002 de 2016 contemplaba obras estratégicas para mejorar la movilidad en este eje vial, un fallo judicial del 23 de mayo de 2024 ordenó su terminación, debido a la imposibilidad de ejecutar el Plan de Obras previsto.
Durante la etapa de reversión, el concesionario intervino varios puntos críticos priorizados, con el objetivo de garantizar que la infraestructura quedara en condiciones adecuadas para su entrega al Estado.
El corredor vial, que atraviesa municipios como Piedecuesta, Floridablanca, Bucaramanga, Tona, Mutiscua y Pamplona, es fundamental para conectar el oriente colombiano con el centro del país. Su gestión ahora queda bajo la responsabilidad directa del Invías, que deberá continuar con las labores de mantenimiento y mejoramiento de la vía.
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