La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes decidió dar un giro trascendental en el proceso que venía tramitándose contra el presidente Gustavo Petro.
En lo que respecta al expediente número 6934, en curso tras la denuncia presentada por el exministro Wilson Ruiz, la célula legislativa determinó la posibilidad de abrir un proceso penal por hechos que podrían configurar el delito de falsedad ideológica en documento público.
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El proceso inicial, de carácter disciplinario, avanzaba con la citación a declarar al exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva, que suscribió las polémicas cartas que originaron la denuncia.
Sin embargo, ahora el representante investigador Carlos Alberto Cuenca solicitó la ruptura procesal para dar paso a un nuevo capítulo penal, decisión que fue adoptada por los investigadores que integran el triunvirato del caso: Carlos Alberto Cuenca Chaux, Olga Lucía Velásquez Nieto y Wadith Alberto Manzur Imbett.
Sobre la ruptura de unidad procesal y nuevo reparto
La resolución citó como fundamento la posibilidad de que en el curso del proceso disciplinario hubieran surgido pruebas que configuran una conducta punible distinta, lo que ameritaba separar los procesos para evitar fallos contradictorios, como lo ha señalado la Corte Constitucional en su sentencia C-357 de 1999.
“La unidad procesal se justifica en la razón, acorde con los valores de la justicia y de la seguridad jurídica que la Constitución proclama desde su Preámbulo, de evitar que se produzcan fallos contradictorios sobre unos mismos hechos, por ser analizados de manera inconexa situaciones, comportamientos y designios que naturalmente están entrelazados, con el no improbable efecto de que uno de los dos pronunciamientos contrapuestos resulte equivocado”, cita la célula legislativa.
En ese sentido, la Comisión resolvió en su parte dispositiva: “PRIMERO. DECLARAR la ruptura de la unidad procesal dentro del expediente No. 6934 de acuerdo a la parte motiva de la presente decisión. SEGUNDO. ORDENAR la devolución del expediente a la Secretaría de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que proceda a su separación y nuevo reparto, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión. TERCERO. NOTIFIQUESE la presente decisión al investigado GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO. CUARTO. NOTIFICAR de la presente a la delegada de la Procuraduría General de la Nación para la Investigación y Juzgamiento penal”.
Un proceso sin precedentes recientes
La decisión de la Comisión de Acusación implica que el presidente Petro deberá enfrentar no solo el proceso disciplinario en curso, sino también una investigación de carácter penal por un posible delito que, de comprobarse, tendría graves implicaciones jurídicas y políticas para el mandatario.
El origen de esta controversia está en las cartas que, según el expediente, fueron firmadas por el excanciller Álvaro Leyva, en las que se hacen señalamientos sobre el supuesto consumo de drogas del presidente que podría estar interfiriendo en el ejercicio de sus funciones, y en las que se advierte sobre la eventual comisión de delitos.
Por el momento, la Secretaría de la Comisión deberá realizar el nuevo reparto del proceso penal, mientras que la Procuraduría General de la Nación fue notificada para que intervenga en la investigación y juzgamiento penal, como corresponde por ley.
Con esta determinación, el caso del presidente Petro entra en una fase más compleja, en la que se cruzan el fuero presidencial, los límites de la investigación penal contra el jefe de Estado y el alcance de las responsabilidades por actos asociados a altos funcionarios del Gobierno.
La Comisión de Acusación, como instancia exclusiva para investigar a un presidente en Colombia, tendrá el reto de tramitar el proceso garantizando los principios constitucionales de legalidad, debido proceso y separación de poderes.
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