Un retén ilegal instalado por hombres armados en una carretera cercana al casco urbano del municipio de Hacarí, Norte de Santander, interceptó el vehículo en el que se transportaba el expersonero de Tibú, Jhon Ascanio, junto a su esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Los responsables de la acción portaban uniformes similares a los usados por fuerzas militares y llevaban brazaletes con símbolos de la guerrilla del ELN.
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Según relataron habitantes de la región, al menos 15 individuos, que se identificaron como miembros de ese grupo armado ilegal, ordenaron la detención del automotor oficial.
Tras hacer que los ocupantes descendieran del vehículo, los insurgentes los sometieron a una inspección e identificaron al exfuncionario y a sus escoltas. Posteriormente, procedieron a despojarlos del armamento asignado por la UNP, así como de los proveedores y chalecos antibalas que llevaban.
“Los obligaron a entregar las armas de dotación, los proveedores y los chalecos de seguridad para dejarlos continuar con el recorrido”, se informó sobre lo ocurrido.
El hecho tuvo lugar a unos dos kilómetros de la zona urbana de Hacarí, en un punto vial que, según la comunidad, es frecuentemente utilizado por grupos armados para establecer controles irregulares.
Testimonios recabados por medios locales aseguran que esta práctica es habitual en las rutas que conectan las poblaciones del Catatumbo, y que en repetidas ocasiones han sido reportados retenes similares, instalados por distintas estructuras armadas que operan en la región.
El propio Jhon Ascanio ya había sido víctima de situaciones parecidas, según indicaron fuentes cercanas a su entorno. Aunque el episodio no dejó personas lesionadas, fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes para las respectivas investigaciones.
Los antecedentes de violencia en la región del Catatumbo han sido reiteradamente advertidos por organismos nacionales. La Defensoría del Pueblo ha emitido alertas sobre el deterioro de la seguridad en esta zona del noreste colombiano, donde desde enero se ha intensificado el conflicto armado entre el ELN y las disidencias del Frente 33 de las FARC, especialmente por el control territorial y de economías ilegales.
En su más reciente informe, la entidad estatal indicó que hasta mayo se contabilizaban al menos 117 personas asesinadas en el marco del conflicto armado en esta subregión, más de 64.000 personas desplazadas de sus hogares y múltiples vulneraciones al Derecho Internacional Humanitario.
La situación se agravó desde el 16 de enero, cuando se registró una ofensiva violenta por parte del ELN en contra de los grupos disidentes de las FARC. Este enfrentamiento desencadenó una serie de hechos armados que han comprometido la seguridad de los habitantes, principalmente en zonas rurales, donde comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes se han visto afectadas por el fuego cruzado.
Los constantes choques entre estas estructuras armadas han obstaculizado la movilidad en la región, han generado restricciones de acceso a alimentos y medicamentos, y han alterado la prestación de servicios básicos. Las organizaciones defensoras de derechos humanos han alertado sobre la presencia de campos minados, amenazas a líderes sociales y la utilización de menores de edad por parte de los grupos enfrentados.
En ese contexto, los retenes ilegales han sido uno de los mecanismos empleados por los grupos armados para ejercer control territorial, intimidar a la población y obtener información sobre movimientos de seguridad o liderazgo comunitario. El ocurrido esta semana contra el esquema del exfuncionario de Tibú hace parte de esa lógica de imposición armada en corredores estratégicos de movilidad.
El caso fue reportado a las autoridades militares y judiciales, pero hasta el momento no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el avance de las investigaciones o posibles medidas de protección adicionales para los escoltas involucrados. Tampoco se ha confirmado si el armamento sustraído ha sido recuperado o si existe un plan para reforzar la seguridad en los tramos críticos de la vía donde ocurrió la retención.
En el Catatumbo, se mantiene activa la alerta temprana emitida por la Defensoría, y distintos sectores han solicitado una mayor presencia del Estado para evitar nuevas confrontaciones y proteger a la población civil. Organismos internacionales que monitorean la situación humanitaria en la zona también han documentado el impacto del conflicto en los últimos meses, incluyendo desplazamientos masivos, confinamientos y amenazas a líderes comunitarios.
El episodio reciente con el expersonero Jhon Ascanio reitera los riesgos a los que están expuestos funcionarios, defensores de derechos humanos y población general en una zona marcada por disputas armadas y limitadas condiciones de seguridad. Las autoridades continúan recabando información para esclarecer los detalles del caso y establecer responsabilidades frente a este nuevo hecho reportado en el Catatumbo.
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