El miércoles 11 de junio de 2025, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto 0639 de 2025, que tiene como objetivo convocar la consulta popular, que se hundió el 14 de mayo en el Senado de la República.
El presidente Gustavo Petro había manifestado que el “ministro que no firme el decreto presidencial de inmediato se va. El poder presidencial es poder del pueblo”.
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A pesar de la advertencia, el documento no cuenta con la firma de cuatros ministros de su gabinete, pero sí cuenta con rúbrica de los viceministros.
Los altos funcionarios que no firmaron el documento fueron Laura Sarabia, ministra de Relaciones Exteriores; Eduardo Montealegre, ministro de Justicia; Lena Estrada, ministra de Ambiente y Edwin Palma, ministro de Minas y Energía.
En lugar de la canciller firmó la viceministra Rosa Yolanda Villavicencio; al ministro de Energía lo suplió el presidente de la Agencia Nacional de Minería, José Luciano Sanín; la ministra de Ambiente fue reemplazada por el jefe de la Oficina de Negocios Verdes Sostenibles, Christian Díaz; y el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Alfonso Ocampo, firmó en lugar del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.
Por qué no firmaron
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, indicó que no firmó el decreto porque se encuentra fuera del país en una comisión.
“Ante el oportunismo de la oposición y la negativa de ellos de dignificar el trabajo a través de la reforma laboral, el decreto revivió, cambió y por obvias razones lo firma quien asume las funciones. Sé muy bien de qué gobierno hago parte y contra lo que me toca luchar. Y lo hago con la frente en alto”, aseveró Palma.
La ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, no firmó el documento porque se encuentra en Bruselas, Bélgica, donde se reunió con el el eurodiputado Gabriel Mato.
La misma situación pasó con la ministra de Ambiente, Lena Estrada, ya que se encontraba en Niza, Francia, participando en la conferencia de la ONU sobre océanos.
Según informó Caracol Radio, la razón que llevó a Eduardo Montealegre a no firmar el decreto se debe a que el exfiscal no ha sido posesionado como ministro de Justicia
Qué viene ahora
Como se había mencionado con anterioridad, muchos políticos demandaron el decreto, por lo que se espera una batalla jurídica en las altas cortes.
El registrador Hernán Penagos tendrá que definir si acoge el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro, motivo por el cual se espera la organización para la jornada electoral. Existe la posibilidad que Penagos no acoja el decreto y espere una decisión judicial.
En este caso, será la Sala Quinta del Consejo de Estado la que tomará la decisión de dar o no vía libre a la consulta popular por decreto.
El presidente Gustavo Petro afirmó que era la Corte Constitucional la que debía tomar la decisión.
La Silla Vacía reveló que la persona que está detrás de la teoría del decreto, es decir, los argumentos del Gobierno para sacar adelante la consulta popular por esta vía, es el abogado Yefferson Dueñas Gómez, exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional.
Si Hernán Penagos, registrador nacional, decide acatar el decreto, deberá iniciar de inmediato las gestiones para asegurar los recursos que permitan financiar la jornada electoral. Para ello, con base en el decreto, deberá remitir solicitudes formales al Ministerio de Hacienda, que sería el encargado de asignar los fondos. Según cálculos del propio Penagos, el costo de la consulta rondaría los 700.000 millones de pesos.
Los recursos para cubrir este tipo de contingencias electorales están contemplados en una partida reservada del Ministerio de Hacienda, identificada como “Dgppn”, sigla de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional.
Existe la posibilidad que Hernán Penagos no acate el decreto hasta que haya un pronunciamiento oficial por parte del Consejo de Estado, en gran medida por las demandas ya anunciadas.
Ante el gran número de demandas que se prevé contra el decreto de la consulta popular, la principal incógnita es cuánto tiempo tardará la Sala Quinta del Consejo de Estado en definir su legalidad. Es probable que las acciones judiciales lleguen acompañadas de solicitudes de medidas cautelares, con el objetivo de suspender de inmediato los efectos del decreto y frenar la realización de las elecciones.
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