El presidente Gustavo Petro firmó el decreto que convoca la consulta popular, mientras el Senado de la República discutía los artículos de la reforma laboral, que ya se encuentra en su último debate.
La decisión del mandatario colombiano no cayó muy bien en el recinto, razón por la cual varios congresistas se manifestaron.
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El senador de la Alianza Verde Ariel Ávila confirmó que la mesa del Senado se “rompió” con el anuncio del presidente Petro.
“Una vez el presidente anunció que había firmado el decreto públicamente pues la mesa se reventó. Hoy tenemos un acuerdo sobre el 90% de la Reforma Laboral, la diferencia es sobre siete artículos, entre esos, el tema del Sena y los contratos de sindicalización”, afirmó Ávila.
Mauricio Gómez Amín, senador del Partido Liberal, calificó la decisión del mandatario colombiano como incoherente.
“Incoherencia absoluta de Gustavo Petro, entonces cita a la oposición para bajar el tono pero firma el decreto pasando por encima del Congreso. Presidente Petro, hechos, no palabras, hechos, no reuniones”, precisó Gómez Amín.
Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical, afirmó que el presidente Petro se está convirtiendo en “un nuevo dictador”.
"Acaba de romper la carta política del 91, desconociendo la decisión que tomó el legislativo. Atrás estamos viendo la casa del nuevo dictador”, indicó Motoa.
La bancada independiente de la Cámara de Representantes rechazó el decreto que convoca la consulta popular, motivo por el cual pidió respeto por la separación de poderes.
“El presidente ha materializado una consulta popular ilegal. Sin embargo desde la bancada independiente hacemos un llamado a la serenidad y ante el autoritarismo, rodear a las instituciones”, precisaron.
La representante Katherine Miranda ya demandó ante la Corte Constitucional el decreto con la que se busca convocar la consulta popular.
“El decreto que firma el presidente Gustavo Petro no es legal ni legítimo, es un acto de un dictador. Está pasando por encima del Congreso de la República, ignorando la Corte Constitucional y manipulando los mecanismos de participación para imponer su voluntad”, indicó Miranda.
Apoyo a la consulta popular
Norma Bañol, representante a la Cámara por la curul especial indígena, defendió el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro, mencionado que “por primera vez un jefe de estado ha asumido una posición intransigente frente al derecho que tiene el constituyente primario, que es el pueblo colombiano”.
Alejandro Toro, representante del Pacto Histórico, también apoyó la firma del decreto que convoca la consulta popular.
“Miles de personas saldrán a las calles a hacer pedagogía. Esto es lo que siempre hemos dicho, el pueblo manda, gracias presidente”, indicó Toro.
Qué viene para la consulta popular
Como se había mencionado con anterioridad, muchos políticos demandaron el decreto, por lo que se espera una batalla jurídica en las altas cortes.
El registrador Hernán Penagos tendrá que definir si acoge el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro, motivo por el cual se espera la organización para la jornada electoral. Existe la posibilidad que Penagos no acoja el decreto y espere una decisión judicial.
En este caso, será la Sala Quinta del Consejo de Estado la que tomará la decisión de dar o no vía libre a la consulta popular por decreto.
Los recursos para cubrir este tipo de contingencias electorales están contemplados en una partida reservada del Ministerio de Hacienda, identificada como “Dgppn”, sigla de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional.
Existe la posibilidad que Hernán Penagos no acate el decreto hasta que haya un pronunciamiento oficial por parte del Consejo de Estado, en gran medida por las demandas ya anunciadas.
Ante el gran número de demandas que se prevé contra el decreto de la consulta popular, la principal incógnita es cuánto tiempo tardará la Sala Quinta del Consejo de Estado en definir su legalidad. Es probable que las acciones judiciales lleguen acompañadas de solicitudes de medidas cautelares, con el objetivo de suspender de inmediato los efectos del decreto y frenar la realización de las elecciones.
En caso de que la Sala Quinta conceda dichas cautelares, el proceso quedaría suspendido hasta que se emita un fallo definitivo. Esta decisión podría tomar más tiempo y estaría sujeta a un alto nivel de presión política, en medio de un escenario de confrontación entre el Congreso y el Gobierno.
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