Quienes ejercen política en Colombia están en riesgo, así lo confirmó la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en el Primer Informe de Violencia Político-Electoral de Colombia, que documenta hechos de violencia registrados en todo el territorio nacional entre el 8 de marzo y el 8 de junio de 2025.
El documento surge en medio de un tenso ambiente político y de orden público, empeorado por el atentado que sufrió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El aspirante fue atacado con un arma de fuego en Bogotá el 7 de junio de 2025, en medio de un acto de campaña. Debido a dos impactos de bala que recibió en la cabeza, se debate entre la vida y la muerte en la UCI de la Fundación Santa Fe de Bogotá.
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De acuerdo con el informe en cuestión, la violencia político-electoral ejercida sobre individuos o colectivos en el ejercicio de la política de cara a las elecciones no es nueva. El fenómeno se ha mantenido vigente en Colombia desde 2014.
<b>Informe preliminar de violencia en el actual ciclo electoral</b>
En el contexto de las próximas elecciones de 2026 (Presidencia y Congreso de la República), Pares inició un seguimiento riguroso de la violencia político-electoral en el país, el cual se extenderá hasta junio de 2026. El primer reporte del centro de pensamiento, que excluye los atentados dirigidos contra líderes y lideresas sociales, presenta un panorama desalentador.
En el tiempo estudiado (8 de marzo de 2025-8 de junio de 2025) se registraron 57 víctimas en 43 hechos asociados a este tipo de violencia. Entre ellas se incluye el asesinato de cuatro de líderes políticos, 25 casos de amenazas y 14 atentados. Además, hubo 2 atentados que no dejaron víctimas en Cumaribo, Vichada, y en Apartadó, Antioquia.
Las cifras muestran que la violencia continúa utilizándose como herramienta de competencia electoral, con la autoría de al menos el 25% al 35% de los casos atribuida a grupos armados organizados. El resto de los agresores permanece en el anonimato, lo que agrava las dificultades para judicializarlos y frenar la impunidad.
“El seguimiento de los datos expone una situación de suma preocupación, ya que, en este primer monitoreo, se registró que día de por medio existió una víctima de violencia político-electoral en Colombia”, detalla el informe.
El mes más violento para quienes ejercen política en Colombia en temporada electoral fue marzo de 2025, con 15 hechos documentados. Sin embargo, abril fue el mes con más víctimas registradas: 23. Esto, debido a que se divulgó un panfleto amenazante en La Riviera, Huila, en el que aparecieron los nombres de 10 concejales en el municipio.
Todos los hechos de violencia se presentaron en 24 de los 32 departamentos de Colombia, adicionando a Bogotá, lo que representa el 75% de todo el territorio nacional. La mayoría de los casos se registraron en Cauca (5), pero Huila, Córdoba, Cauca y Cundinamarca concentraron la mayoría de las víctimas (28).
Las personas más afectadas han sido las y los concejales, con 30 víctimas, lo que representa el 52% de la totalidad de los políticos amedrentados y asesinados. Le siguen las y los alcaldes, con 8 víctimas; y los exmiembros de cargos de elección popular, con 5 víctimas.
“Las agrupaciones que registraron mayor número de víctimas de violencia político-electoral, corresponden a: Partido Liberal Colombiano (7); Partido Alianza Social Independiente “ASI” (7); Partido Alianza Verde (6); Movimiento Alternativo Indígena y Social “MAIS” (5); y Partido Centro Democrático (4) y Partido Conservador Colombiano (4)”, precisa el informe.
Actores armados y dineros ilegales: un impulso para la violencia
Desde 2014, la Fundación Pares ha venido documentando la existencia de herederos de las estructuras asociadas a la parapolítica en el Congreso y ha investigado la permanencia de estas redes en escándalos de corrupción nacionales, como el Cartel de la Toga y el caso Odebrecht.
La documentación de la organización evidencia que la entrada de dineros ilegales y el accionar de estructuras armadas irregulares siguen alimentando los riesgos de violencia en el contexto electoral, dificultando tanto la transparencia del proceso democrático como la seguridad de los actores políticos.
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