Unidades de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, realizaron dos allanamientos en el barrio Juan Pablo II, comuna 1 del municipio de Palmira, del departamento de Valle del Cauca.
Producto de operativo fue detenido en flagrancia un hombre señalado por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones.
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Durante la intervención se incautaron:
- Un revólver Smith & Wesson Springfield largo calibre 32 mm.
- Un revólver Smith & Wesson Springfield corto calibre 32 mm y cinco cartuchos del mismo calibre.
La investigación señaló que el hoy detenido se dedicaba a la reparación, custodia y modificación de armas de fuego y armas traumáticas.
Luego los revólveres terminaban en manos de estructuras criminales responsables de homicidios y lesiones personales en disputas territoriales relacionadas con el microtráfico, destacó el teniente coronel Edgar Andrés Rubio Rojas, comandante del Distrito Especial de Policía Palmira.
Este operativo permitió ubicar y neutralizar un punto clave de almacenamiento y adecuación de armas ilegales en la comuna 1, afectando de manera directa la capacidad de los grupos criminales que operan en la zona.
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad ilícita a través de la línea 123 o en la estación de policía más cercana, más aún, teniendo en cuenta la ola de atentados en contra de la fuerza pública que se registraron durante la mañana y el mediodía del martes 10 de junio de 2025.
En cuánto se puede conseguir un arma de fuego o traumática en el mercado negro: el alquiler por minutos sería la clave
El flujo constante de armamento ilegal que ingresa a Colombia desde países vecinos, Estados Unidos y varias naciones europeas ha transformado el panorama de la seguridad en las principales ciudades del país.
El alquiler de armas y la proliferación de sicarios en ciudades como Bogotá, Cali y Barranquilla han impulsado un aumento significativo en la violencia y el crimen organizado.
Frente a esta situación la Dirección de Investigación Criminal y el Servicio Nacional de la Policía han identificado un esquema delictivo en el que las armas cortas se alquilan por lapsos breves, incluso por minutos, para la ejecución de delitos que van desde homicidios hasta robos masivos.
Este modelo de negocio criminal complica la labor de las autoridades, dado que dificulta la captura y judicialización de los responsables. El proceso de alquiler incluye varias etapas, desde la entrega hasta la devolución del arma, lo que obstaculiza la recolección de pruebas y la vinculación directa de los sospechosos con los delitos cometidos.
La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación han documentado miles de muertes y decenas de miles de denuncias por atracos cometidos con armas ilegales.
Las investigaciones han revelado que el armamento utilizado en estos crímenes proviene sobre todo de contrabando, con rutas que conectan a Colombia con proveedores internacionales.
Este fenómeno ha generado un mercado negro en el que el costo del alquiler de un arma varía según el tipo de encargo, el arma solicitada y los riesgos asociados, con precios que oscilan entre 300.000 y 500.000 pesos colombianos por unidad, señaló Semana.
La complejidad de este sistema, descrito por la Dirección de Investigación Criminal como un “pacto de sangre”, permite a los delincuentes acceder a un arsenal sin necesidad de poseerlo físicamente. Esta modalidad dificulta la acción legal, porque la ausencia de posesión directa del arma por parte de los sospechosos complica la recolección de pruebas y la imputación de cargos.
“La falta de posesión directa de las armas obstaculiza la acción legal, agregar dificultades a las investigaciones y a los procesos judiciales posteriores”, señaló la fuente policial citada por el mismo medio local.
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