El atentado perpetrado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe el 7 de junio de 2025 en Bogotá ha puesto de relieve la situación de riesgo que enfrentaba el congresista del Centro Democrático.
Su abogado, Víctor Mosquera, en entrevista con El Tiempo, ofreció detalles acerca de las circunstancias que rodearon las amenazas y la insuficiencia de las medidas de protección asignadas.
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Según Mosquera, la familia Uribe Turbay había solicitado refuerzos para la seguridad del senador en numerosas ocasiones, advirtiendo sobre la sistematicidad y gravedad de las amenazas.
Mosquera explicó al citado medio de comunicación que las amenazas que recibía Miguel Uribe eran constantes y se manifestaban a través de diversos canales, como redes sociales, mensajes, llamadas telefónicas y hasta seguimientos en la vida diaria.
“Por redes, por seguimientos, por mensajes. Eran sistemáticas. Lo amenazaban, sobre todo, por redes sociales, por mensajes de texto, por llamadas, por seguimientos que el mismo esquema identificaba. Siempre venían después de que alguien lo estigmatizaba. Las amenazas eran consecuencia de los señalamientos políticos que recibía”, declaró Mosquera en diálogo con El Tiempo.
A pesar de lo anterior, el abogado hizo énfasis en la reiterada negativa de la Unidad Nacional de Protección (UNP) frente a las solicitudes de refuerzo hechas por el senador.
De acuerdo con Mosquera, Uribe Turbay presentó entre 35 y 40 peticiones durante el actual gobierno, la mayoría de ellas rechazadas.
Estas solicitudes buscaban que el esquema de seguridad del senador —al que califica como uno de los más débiles para una figura opositora visible— fuese fortalecido conforme a la creciente exposición política y las amenazas recibidas.
“Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, el senador Uribe ha hecho más de 35 solicitudes de reforzamiento del esquema. Sin exagerar, te podría decir que hay más de 40, pero siendo moderados, 35. Solo en este 2025 hay entre 19 y 23 solicitudes de refuerzo. En todas, la respuesta siempre fue negativa: no, no, no y no. Uribe Turbay tenía, quizás, el esquema más débil comparado con otros líderes de la oposición que son más visibles", indicó Mosquera.
La familia del senador, según Mosquera, nunca sintió que las amenazas fueran tomadas con la seriedad necesaria por parte de las autoridades encargadas de su protección.
El abogado expresó su preocupación frente a la poca rigurosidad con la que se realizaron los estudios de riesgo, apuntando que no se consideraron adecuadamente los factores políticos ni el nivel de exposición pública del senador.
Mosquera dijo a El Tiempo: “Esto es un tema muy grave. Fue entre octubre y noviembre del año pasado, después de que él anunciara su precandidatura presidencial y aumentara su exposición. Su aspiración ni siquiera se menciona en la resolución, tampoco el hecho de que es víctima del conflicto y ha sido amenazado reiteradamente”.
Dentro de la entrevista, el abogado cuestionó la calidad de los análisis realizados por la UNP, señalando que el procedimiento no profundizó en los verdaderos riesgos que enfrentaba Uribe, a pesar de su alta visibilidad y de haber obtenido la mayor votación legislativa de este periodo.
Otra preocupación manifiesta en sus declaraciones es la forma estandarizada y poco personalizada con la que la UNP respondió las solicitudes.
“Prácticamente tomaban el modelo de correo que siempre tienen y lo copiaban y pegaban. Respuestas como: ‘no se autoriza el desplazamiento porque no tenemos presupuesto para gasolina, eso tiene que manejarlo el Congreso’”, relató Mosquera durante la entrevista con El Tiempo.
El abogado concluyó que la defensa continuará por dos vías: identificar a los responsables materiales e intelectuales del atentado, y analizar las fallas institucionales que permitieron que el senador quedara expuesto a este nivel de riesgo.
Sostiene que la falta de medidas efectivas de protección será uno de los asuntos centrales en las acciones legales y políticas que se emprenderán de cara a la seguridad de Uribe Turbay.
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