Un grupo de 16 exjefes paramilitares, entre ellos, Salvatore Mancuso, anunció su decisión de renunciar a su rol como gestores de paz en Colombia.
Según informaron, esta medida responde a lo que consideran un sabotaje interno dentro del Gobierno hacia la política de “paz total” promovida por el presidente Gustavo Petro.
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En una carta dirigida al mandatario, los exparamilitares señalaron directamente al comisionado de Paz, Otty Patiño, así como a Álvaro Jiménez y María Paz Lara, como responsables de obstaculizar los avances en este proceso.
Los exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que habían sido designados como gestores de paz, expresaron su descontento con la falta de compromiso por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
En su misiva, acusaron a esta dependencia de no cumplir con las directrices establecidas por el presidente Petro, lo que, según ellos, ha dificultado el desarrollo de las gestiones necesarias para avanzar en los diálogos y acuerdos de paz.
La renuncia colectiva de estos 16 exparamilitares no solo implica el cese de sus funciones como gestores de paz, sino la suspensión de cualquier tipo de comunicación o relación con el comisionado Otty Patiño.
Este acto representa un golpe significativo para la estrategia de “paz total” del Gobierno Petro, que busca integrar a diversos actores armados en un proceso de reconciliación nacional.
En su declaración, los exjefes paramilitares denunciaron la existencia de que “Hay un enemigo interno en la paz total” dentro del Gobierno, al que atribuyen el fracaso de las gestiones de paz.
Aunque no se han detallado las acciones específicas que consideran como sabotaje, los señalamientos hacia Patiño, Jiménez y Lara sugieren tensiones internas que podrían estar afectando la implementación de la política de paz.
La decisión de los exparamilitares se produce en un momento crítico para el Gobierno de Gustavo Petro, que ha hecho de la “paz total” uno de los pilares de su administración.
Este enfoque busca no solo consolidar los acuerdos de paz firmados con las Farc en 2016, sino abrir espacios de diálogo con otros grupos armados, incluidos los exparamilitares y organizaciones criminales activas.
El comunicado oficial de los exjefes de las AUC, que se espera sea publicado en breve, podría arrojar más detalles sobre las razones detrás de su renuncia y las acusaciones contra los funcionarios señalados.
Mientras tanto, esta situación plantea interrogantes sobre el futuro de la política de paz del Gobierno y los desafíos que enfrenta para lograr una reconciliación efectiva en el país.
En mayo los exjefes paramilitares habían prorrogado su estatus como gestores de paz
El 10 de mayo el Gobierno decidió extender por dos meses el estatus de gestores de paz para los 16 exjefes paramilitares que el jueves 5 de junio decidieron declinar en su estatus.
Con la extensión del nombramiento como gestores, se buscaba avanzar en los procesos de reconciliación nacional y en la búsqueda de verdad y reparación para las víctimas del conflicto armado.
La prórroga incluía a figuras como Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, que desempeñaban un papel clave en el desarrollo de los esfuerzos del Gobierno por consolidar la paz en el país.
La decisión, que fue oficializada a través de la resolución 152 de 2025, formó parte de la estrategia del presidente Gustavo Petro para cerrar el proceso de Ralito, que permitió la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC) hace dos décadas.
Este proceso, aunque marcó un hito en la desmovilización de grupos armados, dejó pendientes compromisos relacionados con justicia, verdad y reparación, aspectos que el Gobierno busca abordar con la participación de los exlíderes paramilitares.
Aunque inicialmente se había designado a 18 exjefes paramilitares como gestores de paz, dos de ellos quedaron fuera de esta prórroga. Ramón Isaza y Hébert Veloza García, alias HH, no continuaron en este rol.
En el caso de Veloza, este había renunciado previamente, mientras que Isaza decidió no seguir debido a problemas de salud y al impacto emocional por la reciente muerte de su hijo, Oliverio Isaza, alias Terror, quien era cabecilla del Clan del Golfo y fue abatido en marzo pasado.
Entre los exjefes paramilitares que habían continuado como gestores de paz se encontraban los nombres como Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna; Hernán Giraldo Serna; Luis Eduardo Cifuentes Galindo; Fredy Rendón Herrera y Edwar Cobos Téllez, entre otros.
Estos individuos, que en el pasado lideraron estructuras responsables de graves violaciones a los derechos humanos, hasta ahora participan activamente en los esfuerzos por esclarecer la verdad, reparar a las víctimas y localizar a personas desaparecidas.
La figura de los gestores de paz, aunque controvertida, siempre fue defendida por el Gobierno como una herramienta para garantizar la participación de antiguos actores armados en la construcción de la verdad y la reconciliación nacional.
Según el Ejecutivo, su colaboración es esencial para cerrar heridas del pasado y avanzar hacia una paz duradera en Colombia.
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