El salario de los empleados públicos sería lo más afectado si Petro demanda y tumba el Presupuesto General de la Nación

Durante el Consejo de Ministros del 3 de junio, el presidente Gustavo Petro hizo varias afirmaciones bastante polémicas. Además de que sostuvo que la consulta popular, con la que busca mejorar los derechos laborales de millones de trabajadores el país, pero sin ningún consenso con los gremios productivos, irá por medio de decreto, anunció que demandará el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025, que él mismo expidió, también por decreto. “Demande el presupuesto”, ordenó el mandatario al ministro de Hacienda, Germán Ávila, durante la transmisión de la sesión.

“Tenemos un presupuesto que, a través del decreto de liquidación —que me he dedicado a leer en detalle—, termina siendo una transferencia de recursos públicos hacia los más ricos del país", señaló el mandatario entre sus argumentos. Y manifestó que “eso va en contra de la Constitución y de la institucionalidad del Estado social de derecho. Por eso quiero, ministro de Hacienda, que usted demande por inconstitucional el presupuesto de Colombia”. Además, afirmó que si las instituciones no funcionan, “las instituciones se van”.

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Por supuesto, eso generó todo tipo de dudas, teniendo en cuenta que el mandatario fue el que expidió el PGN para este año, por $511 billones, luego de que, en dos oportunidades, el Congreso de la República negó el monto inicial, que era de $523 biilones.

Por ejemplo, tras las declaraciones, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas dijo que el presidente Petro está atacando la separación de poderes, que es el pilar de la democracia. Concluyó que parece que el mandatario quiere decir que “el “Estado soy yo”.

Lamentó que el jefe de Estado prefiera demoler antes que construir y dividir Colombia antes de unirla. Además, que prefiere el caos a la estabilidad con la esperanza de pescar en río revuelto.

Parálisis en la administración pública

Al respecto, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, por medio de X, hizo un análisis y explicó qué significa esto para la economía y la democracia, y dejó varios puntos que preocupan, sobre todo, para los empleados del Estado.

Según la entidad, que tiene como director a Mauricio Salazar, demandar un presupuesto ya en ejecución es jurídicamente complejo y sin precedentes. Advirtió que, si la Corte Constitucional lo declara inconstitucional, “se paralizaría la administración pública: no habría pagos a funcionarios, ni ejecución de programas sociales, ni funcionamiento estatal”.

Consulta popular es un desafío

Otra de las declaraciones fue en torno a la consulta popular. Ahí, el presidente anunció que convocará una por decreto, a pesar de que el Congreso la rechazó. Declaró: “Si las instituciones no hacen lo que el pueblo quiere, entonces las instituciones se van”.

Ante ello, el Observatorio considera que este es un desafío directo al equilibrio de poderes. Para este, saltarse al Congreso y al poder judicial debilita la institucionalidad y genera incertidumbre jurídica, lo que afecta la confianza de inversionistas y ciudadanos.

Insistió en que la incertidumbre institucional puede tener consecuencias económicas graves: aumento del riesgo país, devaluación de la moneda, fuga de capitales y disminución de la inversión extranjera. “La estabilidad económica depende de la confianza en las reglas del juego”, remarcó.

Sostenibilidad fiscal comprometida: “Las reglas sí importan”

Además, señaló que sin un presupuesto claro y con amenazas a la institucionalidad, la sostenibilidad fiscal se ve comprometida. De esta manera, se puede afectar la calificación crediticia del país y encarecer el acceso a financiamiento internacional.

“La desigualdad y la regresividad del sistema tributario son problemas reales que deben abordarse, pero la solución no es desconocer las instituciones ni generar caos jurídico. Se requiere diálogo, consenso y respeto por el Estado de derecho”, apuntó.

Finalizó el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana aclarando que demandar el propio presupuesto no solo es inviable, sino riesgoso para la estabilidad institucional y fiscal del país. “Las reglas sí importan”, concluyó.