La indignación de las mujeres indígenas de Pueblo Rico se hizo sentir en una asamblea convocada tras la difusión de un video que mostró el maltrato a una menor de 17 años en el resguardo Gitó Dokabú.
El registro audiovisual, grabado por testigos, exhibió cómo una mujer ató a la joven al techo de una choza para que unos hombres la golpearan con palos de caña, lo que generó una ola de reacciones y exigencias de justicia.
Según informó la W Radio, este caso ha impulsado a diversas entidades y líderes a pronunciarse y a solicitar investigaciones exhaustivas y protección. En la solicitud se busca garantizar la seguridad y el respeto de los derechos de las mujeres y niñas dentro de las comunidades indígenas, en un contexto donde estos hechos no resultan aislados.
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La rectora del colegio Dachi Dada Kera, Angela Maya, encabezó la petición de protección para las mujeres indígenas, dirigiéndose al Ministerio del Interior para que se tomen medidas concretas.
El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, envió un mensaje de rechazo ante el caso, sumándose a las voces que exigen acciones inmediatas, mientras que la Procuraduría General de la Nación intervino exhortando a las autoridades a realizar una investigación rigurosa para proteger a los niños, niñas y adolescentes indígenas.
El organismo enfatizó la necesidad de que prevalezca el respeto por los derechos fundamentales de los menores, tal como lo establece la Constitución Política y los tratados internacionales ratificados por el país.
Tras la circulación del video, líderes indígenas del resguardo Gitó Dokabú actuaron y detuvieron a los responsables del maltrato. Incluso, Dario Restrepo Nembaregama, autoridad mayor del resguardo, manifestó su rechazo a lo ocurrido y confirmó que los implicados permanecen bajo la jurisdicción especial indígena.
Además, indicó que se mantienen conversaciones con la Fiscalía General de la Nación para definir una sanción penal adecuada para los agresores, según confirmó Caracol Radio.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, explicó que el ataque a la menor se produjo en el entorno familiar y no como resultado de una sanción impuesta por la jurisdicción indígena, subrayó que este caso forma parte de una violencia sistemática que afecta a diferentes ámbitos y no debe considerarse un hecho aislado.
“Lo que ha ocurrido con la niña indígena del pueblo Emberá, en Risaralda, que fue víctima de violencia física y difundido en redes sociales, no es solo un caso aislado ni un hecho excepcional. Es la manifestación de una violencia estructural y sistemática que atraviesa la niñez y las mujeres en todas las culturas, en todos los territorios y en toda la sociedad. Es inadmisible y requiere acciones inmediatas como país. La autonomía y la administración de justicia propia de los pueblos indígenas no pueden ser utilizados para amparar violaciones a los derechos fundamentales de las niñas, los niños y los adolescentes. Ninguna tradición, costumbre o práctica cultural puede estar por encima del interés superior de la niñez”, afirmó la funcionaria.
La gravedad del caso motivó a mujeres indígenas de varios resguardos de Pueblo Rico a reunirse en asamblea para expresar su postura y exigir respuestas. Las participantes señalaron que la violencia contra las mujeres indígenas no constituye una novedad y que existen antecedentes de situaciones similares que han permanecido en silencio dentro de las comunidades, por eso, reclamaron que el abordaje de estos hechos debe realizarse tanto desde el interior de los resguardos como en articulación con las instituciones estatales.
Este incidente resalta la urgente necesidad de abordar y resolver el “secreto a voces” de las agresiones y la violencia en contra de las mujeres indígenas, pidiendo a las comunidades y autoridades una colaboración estrecha para prevenir futuros episodios semejantes.
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