María Fernanda Cabal alertó al país por decreto para convocar la consulta popular de Petro: “Es un verdadero golpe de Estado”

Pese a que el Senado de la República rechazó la convocatoria de la consulta popular que intenta impulsar el Gobierno del presidente Gustavo Petro, este no cesa en sus estrategias para realizarla. Bajo el argumento de que el cuerpo colegiado no se pronunció sobre la iniciativa y de que hubo un presunto fraude en la votación de la misma, la administración nacional busca avalarla por decreto.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó ante los medios de comunicación y en sus redes sociales, que el documento que se expedirá está listo. Además, señaló al presidente del Senado, Efraín Cepeda, de estar detrás de estrategias que se han ejecutado para impedir que la reforma laboral del Gobierno, que iba a ser revivida con la consulta popular, prospere.

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“Ya tenemos un borrador de decreto para convocar la Consulta Popular. Queremos que las trabajadoras y los trabajadores tengan derechos laborales dignos y lo único que hemos visto es a Efraín Cepeda haciendo actos espurios e ilegítimos para que la clase obrera no tengan sus derechos”, precisó en X.

Advertencia de María Fernanda Cabal frente a la consulta popular

El avance del Gobierno en la redacción del decreto puso en alerta a la oposición. La senadora y precandidata a la Presidencia María Fernanda Cabal afirmó que la decisión del presidente de expedir el documento desconoce la decisión tomada por el Congreso de la República. También iría en contra de la normativa colombiana vigente, específicamente, de la Ley 134 de 1994, por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana, y de la Ley 1757 de 2015, por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.

Desde su perspectiva, las intenciones del Gobierno Petro constituyen un “golpe de Estado”, por lo que instó a la Corte Constitucional, al Congreso de la República, a la Procuraduría General de la Nación y a la ciudadanía a detener las acciones presuntamente arbitrarias del presidente.

“Si esto se concreta, estaríamos ante un acto abiertamente inconstitucional. Sería un golpe a la separación de poderes y un desafío frontal al Estado de derecho. Señores, esto sí es un verdadero golpe de Estado. Aquí no se trata de ideologías, se trata de respetar la Constitución y la separación de poderes”, precisó.

Afirmó que la insistencia del primer mandatario de convocar una consulta popular ya rechazada por la mayoría de la plenaria del Senado es un “capricho”, teniendo en cuenta que no se ajusta a lo establecido por la ley y por la misma Constitución Política. “Actuar por fuera es abiertamente ilegal. La democracia se defiende con firmeza y sin miedo”, concluyó.

Una consulta popular que no tendría éxito

La propuesta del Gobierno nació luego de que la Comisión Séptima del Senado negara su reforma laboral. Con la consulta, compuesta inicialmente por 12 preguntas sobre los derechos laborales de los colombianos, se esperaba que el proyecto reviviera. No obstante, aunque la iniciativa sí volvió a ser tramitada en el Congreso gracias a una apelación, el Senado hundió la consulta popular.

En respuesta, el Gobierno Petro volvió a radicar otro texto de consulta, integrado por 16 preguntas: las mismas 12 anteriormente redactadas y otras cuatro, relacionadas con la reforma a la salud, que se debate en el Congreso y que tiene altas probabilidades de ser rechazada. Al mismo tiempo, informó que expedirá un decreto para convocar el mecanismo de participación ciudadana, insistiendo en que el Senado jamás se pronunció sobre la propuesta y que la ley faculta al presidente para tomar acción.

Sin embargo, el exregistrador Nacional del Estado Civil Alexander Vega aseguró ante los medios que la Registraduría no podrá expedir un calendario electoral para la consulta, porque faltaría el requisito del concepto favorable por parte del Senado. La única opción que le queda al Gobierno y a la entidad es que la Sección Quinta del Consejo de Estado anule la decisión del Congreso, por algún tipo de irregularidad.