Un análisis reciente del Observatorio Fiscal y de el Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana reveló que el empleo en el sector público juega un papel importante en la reciente caída del desempleo en Colombia, que se ubicó en un 8,8% en abril, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Aunque la cifra representa una mejora, plantea preguntas sobre la sostenibilidad de este descenso, en especial, al considerar el crecimiento de los contratos de prestación de servicios, una modalidad con características laborales más precarias.
Al respecto, el Dane indica que uno de los factores clave de esta disminución fue la creación de 235.000 nuevos empleos en sectores como la administración pública, la salud, la educación y la defensa durante el último año.
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El desglose de los nuevos empleos muestra una mayor participación de las mujeres en este sector. De los 235.000 nuevos puestos precisados por los observatorios, 190.000 fueron ocupados por mujeres frente a 44.000 adjudicados a hombres. Según los expertos, el fenómeno indica que el sector público contribuyó de manera directa a la reducción del desempleo femenino. Además, en términos generales, se registró un fuerte aumento de 528.000 nuevos trabajadores por cuenta propia durante este período.
Los observatorios aseguran que “en la conjunción del Estado siendo el sector que más aumentó el empleo y también los cuenta propia siendo la ocupación que más se expandió, se puede concluir que el Estado es uno de los principales contratantes de trabajadores independientes”.
Qué no implica el crecimiento en el empleo público
Sin embargo, el informe también resalta que el crecimiento en el empleo público no implica necesariamente estabilidad. De acuerdo con el análisis, gran parte de los nuevos puestos no se relacionan con trabajo regulado o con contratos regidos por la carrera administrativa, sino que están vinculados a modalidades más flexibles, como los contratos por prestación de servicios (OPS).
Este tipo de contratación, explican los expertos citados, “refleja más una estrategia de flexibilización del empleo por parte del Estado que un fortalecimiento estructural de su planta de personal”. Entre 2021 y 2024, el número de contratos OPS en entidades centralizadas controladas por el Gobierno pasó de 45.000 a 63.000, lo que equivale a un incremento cercano al 40%, según indican datos del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop).
El costo de este tipo de contratos también genera preocupaciones. En 2024, de acuerdo con un análisis de La Silla Vacía, se invirtieron $3,2 billones en estos acuerdos. Desde el inicio de la actual administración, la cifra ya supera los $8 billones, un monto más alto que el destinado por los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque durante los períodos presidenciales (2010 - 2018 y 2018 - 2022).
A pesar de este gasto creciente, el informe dice que la dependencia del Estado en la contratación de personal bajo condiciones precarias podría debilitar la estructura institucional de la administración pública, además de crear incertidumbre sobre la sostenibilidad del empleo.
Advertencias sobre el desempleo
Más allá del debate sobre las modalidades de contratación, el panorama general del desempleo en Colombia trae consigo ciertas advertencias. La cifra actual del 8,8% significa que, de cada 100 personas en el mercado laboral, cerca de nueve no consiguen empleo. Aunque el nivel representa una mejora, el Observatorio Fiscal recuerda que sigue estando por encima del promedio de América Latina.
Además, la tasa global de participación, que mide la proporción de la población que trabaja o busca trabajo, registró una disminución de un punto porcentual respecto al año anterior.
La caída se explica en gran parte por la salida de aproximadamente 300.000 mujeres del mercado laboral, una situación que los analistas asocian con el desánimo y la falta de perspectivas laborales claras para este grupo. Por otro lado, ingresaron al mercado unas 36.000 personas de sexo masculino, lo que contrasta con la abandono femenina.
Los expertos también alertan sobre la posibilidad de que las condiciones actuales no sean sostenibles a largo plazo. Con Colombia enfrentando un déficit fiscal, las restricciones presupuestales podrían obligar al gobierno a reducir la contratación pública. La situación podría revertir la tendencia positiva en el índice de desempleo, en especial, si no se desarrollan otras fuentes de generación de empleo en el sector privado que puedan absorber la demanda laboral
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