Frente a lo que sería la intención del presidente de la República, Gustavo Petro, de convocar la consulta popular 1.0 por decreto, Mauricio Gómez Amín, senador del partido Liberal y una de las voces más críticas dentro de la oposición, llamó la atención el miércoles 28 de mayo de 2025 sobre lo que consideraría, con este anuncio, la peligrosa intención del jefe de Estado de interferir en la autonomía del poder legislativo y, con ello, prácticamente romper el orden constitucional que rige en el país desde 1991.
El congresista del Atlántico, que fue uno de los primeros en advertir sobre lo que pasaría con los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2027, oportunidad que perdió Barranquilla por culpa del Ejecutivo, se fue lanza en ristre contra el Ejecutivo, ya que estaría desconociendo la voluntad del legislativo. “Presidente, no se pase de la raya, no cruce esa línea de la división de poderes en el país, porque Colombia es un país de instituciones”, expresó Gómez Amín en un video en sus redes sociales.
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El contexto de este llamado está centrado en la reciente aprobación parcial de la reforma laboral en la Comisión Cuarta del Senado. La iniciativa avanzó en su tercer debate, pero con modificaciones significativas, como el aumento gradual del recargo por trabajo en días de descanso obligatorio, aplicable hasta 2027; la jornada diurna hasta las 7:00 p.m., y la reducción de la jornada semanal a 42 horas. Sin embargo, el trámite de esta reforma ha estado envuelta en polémicas y causó un estancamiento en el avance de otros proyectos.
La polémica por la intención del Gobierno de convocar la consulta popular por decreto
La controversia escaló luego de que Petro señaló la posibilidad de convocar una consulta popular si el Senado no entrega un concepto de su iniciativa; y así lo indicó en el Consejo de Ministros transmitido el 27 de mayo, aunque ese pronunciamiento ya lo había hecho anteriormente. “Si el Senado no toma decisión, yo puedo expedir por decreto la convocatoria a consulta popular”, dijo inicialmente el jefe de Estado, que remarcó que estaría próximamente habilitado por ley para tomar una determinación en este sentido.
Esta postura ha sido fomentada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, que agregó que si el Congreso no se pronuncia antes del 1 de junio, el presidente está en facultad de proceder con la consulta. “Convocará a elecciones, convocará la consulta popular”, afirmó Benedetti, al justificar esta medida en el artículo 125 de la Ley 5 de 1992 y el artículo 33 de la Ley 1757 de 2015; el primero, que establecería cómo no se cumplió con el procedimiento, y el segundo, la manera en que Petro podría recurrir a la convocatoria.
No obstante, es válido destacar que esta interpretación legal ha sido cuestionada, como lo recordó Gómez Amín, por el secretario general del Senado, Diego González: que remarcó que, como el Congreso rechazó la iniciativa, como ocurrió en la sesión del 14 de mayo en la que la propuesta fue rechazada por 49 votos contra 47, no existe un sustento jurídico para la convocatoria a consulta por decreto. Así, la teoría de Petro y Benedetti, que han insistido en la ilegalidad de esa jornada, se quedaría sin piso.
“El presidente de la República deberá utilizar otro mecanismo de intervención ciudadana, pero si el Congreso se pronuncia negativamente, quiere decir que no está dando posibilidad a esta oportunidad de consulta popular”, señaló González, con lo que desestimó los argumentos planteados por el Gobierno.
Por su parte, Gómez Amín insistió en que la postura del Gobierno frente a este tema no solo viola la separación de poderes, sino que busca manipular el proceso democrático. “Lo que tiene que entender el Gobierno de Petro es que ya la decisión la tomó la plenaria del Senado y cuantas veces quiera traer la consulta vamos a hundirla. Es lo que sabe hacer Petro: mentir, manipular y engañar”, remarcó el senador, que señaló directamente los motivos detrás de la insistencia del Ejecutivo, que serían electorales.
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