
En el corregimiento de Villa Colombia, ubicado en la zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, se llevó a cabo un evento que ha generado preocupación y rechazo por parte de las autoridades locales y nacionales.
Según informó la Defensoría del Pueblo, este tipo de actividades avivan las alarmas sobre el reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales, una problemática que persiste en el país.
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Las imágenes difundidas en redes sociales muestran una presunta celebración organizada por las disidencias de las Farc, en la que se conmemoraron los 61 años del surgimiento de esta guerrilla.
En los videos publicados, la reunión tuvo lugar la noche del martes 27 de mayo de 2025 en un escenario deportivo adaptado para la ocasión. En el lugar se instalaron sillas de plástico y se exhibieron banderas, globos y un pendón con el mensaje: “61 años de lucha”. La presencia de niños y niñas en el evento es uno de los aspectos más criticados, ya que, según las autoridades, podría tratarse de una estrategia de reclutamiento encubierto.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, expresó su rechazo categórico a esta actividad, calificándola como una manera de legitimar la presencia de grupos ilegales en la región. En sus declaraciones, Toro manifestó su preocupación por la participación de menores en este tipo de actos, señalando que constituye una violación a sus derechos fundamentales y a los tratados internacionales que protegen a la infancia. Además, hizo un llamado a las instituciones competentes para que actúen de manera coordinada y eviten la instrumentalización de menores por parte de los grupos armados.
“Preocupante, me parece. Me parece que toda la sociedad debe rechazar un tipo de cosas como estas. Es como legitimar en un escenario lo que donde hay grupos ilegales. Y lo más preocupante es que tengamos niños y niñas en estas actividades propagandísticas. Eso es una forma de reclutamiento disfrazado. Eso es una forma terrible de poder vulnerar los derechos de los niños y de las niñas y atentar contra todos los tratados internacionales que tienen que ver con la protección de sus derechos”.

La mandataria regional también solicitó la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y otras entidades para investigar lo ocurrido y tomar medidas preventivas. “La sociedad debe rechazar este tipo de actos, y las instituciones tienen que actuar de manera conjunta para evitar que se sigan vulnerando los derechos de los niños y niñas”, señaló Toro.
“El Icbf tiene que tener que actuar también, que a veces se llaman y no actúan y realmente tenemos que actuar todos en conjunto y no solamente eso, la sociedad misma, rechazar este tipo de actos que se hicieron en Jamundí“, agregó.
El evento en Jamundí se suma a una problemática más amplia que afecta a diversas regiones del país. Según datos de la Defensoría del Pueblo, en lo que va de 2024 se han registrado 533 casos de reclutamiento forzado de menores, de los cuales 323 corresponden a niños y 210 a niñas. El departamento del Cauca es señalado como el más afectado por esta práctica, y las disidencias de las Farc, lideradas por alias ‘Iván Mordisco’, son identificadas como el grupo que más menores recluta.
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente para fortalecer los entornos protectores en comunidades y escuelas, con el objetivo de prevenir esta grave violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Además, insistió en la necesidad de establecer canales seguros y efectivos de denuncia que permitan a las víctimas reportar estos casos sin temor a represalias. “Es fundamental garantizar que las autoridades investiguen y judicialicen a los responsables de este flagelo, que afecta especialmente a las poblaciones más vulnerables”, indicó la entidad.
Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) recordó que en los últimos cinco años se han documentado más de 1.000 casos de reclutamiento de menores en Colombia. Durante la conmemoración del Día de las Manos Rojas, la organización internacional destacó la urgencia de implementar medidas efectivas para proteger a la infancia del impacto del conflicto armado.
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