En la mañana del miércoles 28 de mayo de 2025, la Procuraduría General de la Nación anunció una investigación contra funcionarios del Ministerio del Interior y la Policía Nacional de Colombia, con el fin de esclarecer posibles irregularidades en el uso de aviones de la institución.
Según la entidad, el caso hace referencia a la polémica por el traslado de influencers hacia Barranquilla (norte de Colombia) en una aeronave de la fuerza pública, con motivo del primer cabildo abierto realizado por el presidente Gustavo Petro en el Paseo Bolívar, un punto estratégico de la capital del departamento de Atlántico.
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En un comunicado, el Ministerio Público aseguró que esta decisión busca determinar si el uso de los aviones de la fuerza pública en este contexto fue adecuado o si, por el contrario, se trató de un uso indebido de recursos estatales.
“Con el objeto de establecer si en la celebración y ejecución de convenios inter administrativos para la utilización de los aviones adscritos a esta última institución, se han presentado irregularidades y en caso positivo identificar a los presuntos autores”, señaló la entidad en un comunicado.
Como parte de la investigación, la Sala de Instrucción Disciplinaria de la Procuraduría también ordenó la recolección de pruebas para determinar si las acciones realizadas se encuentran amparadas por alguna causal de exclusión de responsabilidad.
“Se investigará lo acontecido el pasado martes 20 de mayo, cuando se desplazó a territorio atlanticense una comitiva integrada por varios influenciadores, quienes supuestamente cubrirían de manera propagandística el cabildo abierto que realizó Gustavo Petro en el paseo Bolívar”, añadieron.
El Ministerio Público también señaló que, según información difundida por diversos medios de comunicación, los aviones de la Policía Nacional podrían estar siendo utilizados para transportar a funcionarios e invitados con afinidades ideológicas a diferentes regiones del país. Este señalamiento ha generado cuestionamientos sobre la posible instrumentalización de recursos públicos para fines políticos o propagandísticos.
La polémica por el transporte de creadores de contenido afines al proyecto del presidente Gustavo Petro comenzó el 21 de mayo, cuando el exembajador de Colombia en Mexico, Moises Ninco Daza compartió una fotografía con varios influencers para participar en el encuentro establecido con el mandatario, en el que se observa un avión de la Policía Nacional.
“Llegamos a acompañar al pueblo barranquillero en su Cabildo Abierto. Una jornada histórica de la cual Colombia no se olvidará. ¡Palabra que sí!”, dijo Daza en su cuenta de X.
Investigación de la Contraloría
Ante esta polémica, la Contraloría General de la República solicitó explicaciones formales al ministro del Interior, Armando Benedetti, en donde se demostrará si efectivamente existe un instrumento jurídico vigente que permita el uso de aeronaves de la Policía Nacional para transportar a personas que no pertenecen al sector público.
“Se ha dado a conocer gracias a lo que está circulando por los medios de comunicación”, señaló la Contraloría en la petición enviada al ministerio.
Al respecto, se refirió el presidente Gustavo Petro, que le salió al paso a las críticas de distintos sectores frente al transporte de este grupo de personas para el encuentro en la capital colombiana.
“Hermana Luz María Sierra, periodista, nosotros no llevamos en las aeronaves oficiales, traquetos, sino periodistas. A los primeros no le causó a usted extrañeza, a los segundos sí”, expresó el mandatario.
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que la cartera que dirige tiene un convenio establecido para realizar estas actividades.
“Nosotros como sector defensa tenemos convenios administrativos con los demás sectores. Uno de ellos es el transporte aéreo que da la Policía Nacional con sus capacidades”, indicó el alto funcionario en diálogo con Blu Radio.
Además, Sánchez precisó que en el caso de los influencers, el Ministerio solo cumplió un protocolo establecido por la cartera de Defensa.
“El Ministerio del Interior, bajo ese convenio interadministrativo de la Policía Nacional, hizo la solicitud de mover 30 personas para cumplir una misión o una función propia de esa cartera (...) Ya el detalle de por qué era este pasajero o este otro pasajero le corresponde al Ministerio del Interior. El Ministerio de Defensa simplemente cumplió el protocolo”, añadió al medio citado.
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