Las movilizaciones en el Paro Nacional generaron bloqueos en diversas carreteras de Colombia, lo que ha ocasionado pérdidas económicas significativas para el sector del transporte de carga y otros sectores productivos.
La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), detalló que las interrupciones en los corredores viales estratégicos han afectado el abastecimiento de mercancías y encarecido los costos logísticos, con pérdidas estimadas en más de $12.000 millones hasta el momento. La situación podría agravarse si los bloqueos persisten, advirtió el gremio.
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De acuerdo con Colfecar, hasta el mediodía del miércoles 28 de mayo se registraron al menos 11 bloqueos en departamentos como Bolívar, Cesar, Caldas, Santander y Meta. La presidenta ejecutiva de la federación, Nidia Hernández, señaló que estas cifras no incluyen las afectaciones en vías urbanas, lo que podría elevar aún más las pérdidas económicas. Hernández destacó que los bloqueos no solo paralizan la operación de miles de empresas, también vulneran el derecho al trabajo y a la movilidad, en un contexto ya complicado para el sector.
El paro, respaldado por el Gobierno nacional y diversos movimientos sociales, tiene como objetivo presionar la aprobación de una consulta popular en el Congreso de la República. Esta consulta busca avanzar en reformas como la Reforma Agraria y la Reforma Laboral, temas que han generado divisiones entre los sectores políticos y económicos del país.
Mientras los simpatizantes del Gobierno defienden las movilizaciones como un mecanismo legítimo para garantizar derechos laborales, los opositores las califican como una estrategia política innecesaria y costosa, con un posible impacto de $700.000 millones en caso de realizarse.
El respaldo al paro también proviene de 31 organizaciones campesinas, que han denunciado una histórica exclusión del campesinado en las decisiones políticas del país. Estas agrupaciones, entre las que se encuentran la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, anunciaron que la “hora cero” de las manifestaciones sería el jueves 29 de mayo, desde las 5:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. Las organizaciones buscan visibilizar las demandas del sector rural y su inclusión en el debate de la consulta popular.
El impacto económico de las protestas no se limita al sector del transporte. Según estimaciones de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), un día de paro puede generar pérdidas de hasta $20.000 millones en condiciones normales. Sin embargo, si las manifestaciones incluyen bloqueos y actos de vandalismo, las pérdidas podrían alcanzar los $200.000 millones diarios. Por su parte, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) proyecta que las afectaciones podrían superar los $278.000 millones diarios, considerando el cierre de locales comerciales y los daños a la infraestructura.
El sector empresarial expresó su preocupación por las consecuencias de las movilizaciones, recordando los efectos negativos de jornadas similares durante el estallido social de 2021. Grandes cadenas de supermercados y almacenes tuvieron que reforzar la seguridad de sus instalaciones para evitar daños. En este contexto, gremios como Fenalco hicieron un llamado a que las protestas se desarrollen de manera pacífica, mientras que otros sectores rechazaron las movilizaciones, argumentando que el Congreso ya tomó una decisión al no apoyar la consulta popular.
El paro también evidenció las tensiones entre el Gobierno nacional y los sectores productivos. Mientras funcionarios del gobierno y congresistas del Pacto Histórico justifican las movilizaciones como una herramienta para defender los derechos laborales, los empresarios advierten sobre el impacto negativo en la economía. Según José Ignacio López, presidente de Anif, aunque algunas empresas implementaron el trabajo remoto para mitigar las pérdidas, los bloqueos y desmanes siguen representando un desafío significativo para el país.
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