Un nuevo caso de corrupción permea la imagen del Ejército Nacional. Un uniformado fue capturado por, presuntamente, haber exigido millonarios cobros a sus subalternos para otorgar permisos. Se trata del mayor Juan Sebastián González, que, en su rol de ejecutivo y segundo comandante del Batallón de Operaciones Terrestres N.º 15 en Tumaco, Nariño, habría pedido hasta $1 millón a los soldados bajo su mando para permitirles descansos de hasta 30 días.

Según informó Blu Radio, una fiscal penal militar aseguró que el mayor González, abusando de su posición de poder en la guarnición militar, habría recibido hasta $8 millones a través de diversas transacciones bancarias realizadas por miembros de la compañía Batalla del Ejército. Estas irregularidades fueron denunciadas ante la Sijín de Nariño por algunos afectados, entre ellos, dos subtenientes y al menos tres soldados profesionales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El uniformado fue capturado por las autoridades el lunes 26 de mayo de 2025 en el sector de El Estrecho, ubicado en el municipio Patía, Cauca, en los límites del norte de Nariño. Al día siguiente, martes 27 de mayo, la fiscal 2208 especializada penal militar imputó cargos al hoy procesado por los delitos de concusión, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público.

Durante la audiencia, la fiscal solicitó la legalización de una medida de aseguramiento privativa de la libertad mientras se adelantan las investigaciones en su contra y se define su situación jurídica.

Aunque el mayor González no aceptó los cargos, el juez 1715 militar penal de control de garantías legalizó la imputación realizada por la fiscal. Posteriormente, el militar fue trasladado al Batallón Batalla de Boyacá, ubicado en Pasto, la capital del departamento de Nariño, donde quedó a disposición de las autoridades.

Otro mayor del Ejército capturado por conceder permisos a cambio de dinero

Un caso similar fue documentado por medios de comunicación en noviembre de 2024 e involucraron a un oficial con grado de mayor del Cantón Militar de Tolemaida que fue capturado por exigir dinero a sus subalternos a cambio de permisos.

El procesado habría estado pidiendo altas sumas de dinero a las víctimas en la base militar, ubicada en Nilo, Cundinamarca. Habría empezado con esta práctica en 2023, manteniéndola hasta finales de 2024, cuando fue capturado. Esto, sacando provecho de su posición de poder como comandante, facultado para la toma de decisiones que afectaban a sus subalternos. Al parecer, tenía bajo su mando a más de 1.000 soldados.

“El funcionario tuvo importantes cargos en dicho lapso dentro del Batallón de Policía Militar No. 5, incluyendo ser comandante entre julio y agosto de este año (2024), posición que lo llevó a tener más de mil hombres y mujeres bajo su mando. El hoy capturado será dejado a disposición de un Juez Militar y Policial de Control de Garantías de la Justicia Penal Militar y Policial para las audiencias a que haya lugar”, indicó la autoridad militar en su momento.

Según informó el Ejército Nacional, la captura se llevó a cabo el 27 de noviembre de ese año, como resultado de una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y funcionarios de contrainteligencia de las Fuerzas Militares. El uniformado fue señalado de haber cometido los delitos de concusión, cohecho propio y abuso de autoridad.

Dos meses antes, en octubre de 2024, otro militar de la Base Militar de Tolemaida fue capturado por exigir dinero a los soldados bajo su mando a cambio de vacaciones y ampliaciones de sus descansos. El sujeto arrestado es el capitán Miller Frank González, que ejercía como comandante.

Las autoridades informaron que el oficial pedía entre $100.000 y $200.000, según la ubicación del solicitante del permiso en la jerarquía militar. “Se extralimitó en sus funciones e instrumentalizó a varios soldados bajo su mando para exigir dinero a sus subalternos a cambio de otorgar días de permiso de manera irregular (…) por lo cual fue cobijado con medida de aseguramiento y detención preventiva en centro carcelario por el juez 1709 de Control de Garantías”, informaron en un comunicado.