Un tapir, también conocido como danta, fue hallado muerto y con graves mutilaciones en zona rural de Remedios, Antioquia, tras, al parecer, pisar una mina antipersonal en el trayecto que comunica las veredas de Caño Tigre y Plaza Nueva.
El trágico suceso fue denunciado por la Corporación Cahucopana, organización que trabaja por la defensa de los derechos humanos y ambientales en el nordeste antioqueño.
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El equipo de campo de Cahucopana, encargado del monitoreo y la verificación territorial en la región, encontró al animal con severas laceraciones y una extremidad amputada, situación que habría sido consecuencia directa del estallido del artefacto explosivo. El tapir, una especie declarada en peligro de extinción, no sobrevivió a las heridas.
Y es que este lamentable hecho evidencia una vez más los múltiples riesgos que representa la presencia de minas antipersonales en zonas rurales del país, no solo para los seres humanos, sino también para la fauna silvestre.
“Registramos con profunda preocupación que la siembra de minas antipersonales no solo pone en grave riesgo a la población civil, sino también a especies en vía de extinción que habitan y transitan estos territorios”, expresó la Corporación en un comunicado oficial, en el que también hizo un llamado urgente a los actores armados para que cesen estas prácticas que atentan contra la vida.
Frente a ello, es importante mencionar que la zona donde se registró el incidente es reconocida por su riqueza en biodiversidad, lo que agrava aún más el impacto ambiental de estos artefactos.
El tapir es un mamífero herbívoro clave para los ecosistemas, ya que ayuda a dispersar semillas y mantener el equilibrio de la vegetación. Así las cosas, su pérdida no solo representa un golpe para la conservación de la especie, sino también para la estabilidad ecológica del territorio.
“¡No más minas en nuestros territorios!”, exigió Cahucopana, recordando que la siembra de explosivos constituye una violación de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. La organización instó al respeto por la vida de las comunidades campesinas y de la fauna silvestre que cohabitan en regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado.
El caso ha generado preocupación entre ambientalistas y defensores de derechos humanos, quienes piden acciones concretas del Estado para garantizar la seguridad en estas zonas y avanzar en la limpieza de territorios contaminados por minas, muchas de las cuales siguen activas décadas después de haber sido instaladas. Mientras tanto, la tragedia del tapir se suma a la larga lista de víctimas silenciosas de una guerra que aún deja huellas profundas en la Colombia rural.
Antioquia, una de las regiones más afectadas por las minas antipersonal en Antioquia
Las minas antipersonal representan una grave amenaza en Antioquia, consolidando al departamento como el más afectado por estos artefactos en Colombia. Desde 1990 hasta la fecha, se han registrado aproximadamente 2.600 víctimas en la región, superando a Meta y Nariño.
Esta problemática se ha intensificado debido a la presencia y actividades de grupos armados ilegales, como el ELN, el Clan del Golfo y disidencias de las Farc, que utilizan estos dispositivos para controlar territorios y limitar el avance de las fuerzas militares.
El impacto humanitario es alarmante. En 2024, Antioquia registró 91 personas lesionadas por explosivos y minas, casi duplicando los 48 casos reportados en 2023. Este aumento refleja una tendencia preocupante en la que la población civil, incluyendo niños y adolescentes, se ve desproporcionadamente afectada.
A nivel nacional, en 2024, el 28% de las víctimas de minas antipersonal fueron menores de edad. Estas cifras evidencian la urgente necesidad de implementar medidas efectivas para proteger a las comunidades más vulnerables.
Las autoridades departamentales, en colaboración con organizaciones nacionales e internacionales, han intensificado esfuerzos en desminado humanitario y educación sobre el riesgo de minas. Hasta la fecha, 57 municipios de Antioquia han sido declarados libres de sospecha de minas, mientras que 25 municipios continúan en proceso de intervención.
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