David Racero, congresista del Pacto Histórico, enfrenta una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación, tras la divulgación de conversaciones en las que presuntamente solicitaba cargos en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) para familiares y allegados.
Según informó la Procuraduría, estas denuncias incluyen la posible asignación de puestos a personas afines a su grupo político, desplazando a funcionarios vinculados a otros partidos. Además, se investigará la participación del director del Sena, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, en estos hechos.
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De acuerdo con los documentos de la investigación, Racero habría solicitado que se reasignaran órdenes de prestación de servicios previamente ocupadas por personas del partido Centro Democrático en el departamento del Cesar. En una de las conversaciones reveladas, Londoño habría respondido afirmativamente a estas solicitudes. Asimismo, se señala que un familiar del congresista también estaría involucrado en la gestión de estos cargos, lo que ha generado cuestionamientos sobre el uso de la entidad educativa para fines políticos.
El senador Wilson Arias, también del Pacto Histórico, expresó su respaldo a la investigación disciplinaria contra Racero. A través de un video publicado en sus redes sociales, Arias destacó la importancia de garantizar el debido proceso y las plenas garantías para su compañero de bancada, pero subrayó que los representantes de sectores populares y laborales deben actuar con un mayor rigor ético y político. En sus declaraciones, Arias enfatizó que las relaciones laborales no solo deben cumplir con las normativas legales, también con principios éticos más estrictos.
Ministerio de Trabajo investigará presuntas malas prácticas laborales en los fruver de David Racero
El caso se complica aún más con la publicación de audios en los que Racero, al parecer, discutía la contratación de una trabajadora en condiciones laborales precarias. Con base en las grabaciones divulgadas por el periodista Daniel Coronell, el congresista habría ofrecido un salario de un millón de pesos mensuales, sin prestaciones sociales, para un horario de trabajo que superaba las 12 horas diarias, con solo un día de descanso a la semana.
Estas revelaciones generaron una fuerte reacción, especialmente porque se producen en un momento en que la Comisión Cuarta del Senado debate la reforma laboral impulsada por el presidente Gustavo Petro, una iniciativa que Racero ha defendido públicamente.
Por su parte, el concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Daniel Briceño, anunció que presentará denuncias formales contra Racero. Briceño solicitará al Ministerio del Trabajo una investigación sobre las condiciones laborales en el negocio del congresista, así como una revisión por parte de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales para verificar los aportes a la seguridad social relacionados con este caso.
La Procuraduría, por su parte, señaló que la investigación preliminar busca determinar si las conductas denunciadas efectivamente ocurrieron y si estas podrían estar amparadas por alguna causal de exclusión de responsabilidad. Para ello, se ordenó la práctica de pruebas que permitan esclarecer los hechos.
Entre las acciones que se investigarán se encuentra la posible manipulación de concursos para la vinculación de personal en el Sena, así como el impacto de estas decisiones en los derechos de los servidores públicos desplazados.
El caso generó un intenso debate político, especialmente dentro del Pacto Histórico, donde algunos sectores manifestaron su preocupación por las implicaciones éticas y legales de las acusaciones contra Racero. Mientras tanto, el congresista deberá enfrentar tanto las investigaciones disciplinarias como las denuncias públicas que han surgido en su contra, en un contexto que pone en entredicho su papel como defensor de los derechos laborales y su compromiso con los principios éticos que promueve su partido.
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