
En 1875, cuando el territorio que hoy conocemos como Colombia se denominaba oficialmente Estados Unidos de Colombia, ocurrió uno de los terremotos más importantes y devastadores de la historia nacional.
El 18 de mayo, a las 11:15 de la mañana, un sismo con una magnitud estimada en 6,8 remeció la ciudad de San José de Cúcuta, ubicada en el nororiente del país.
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De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, en ese momento, la ciudad contaba con aproximadamente 9.000 habitantes y se destacaba por su actividad económica, especialmente la exportación de productos como café, cacao y azúcar.
A pesar de su prosperidad, la tragedia golpeó con fuerza. Inicialmente, se reportó la muerte de unas 500 personas solo en Cúcuta, aunque fuentes históricas y posteriores estimaciones elevan esta cifra a entre 800 y 1.500 víctimas fatales. La iglesia parroquial, uno de los principales referentes arquitectónicos y religiosos de la ciudad, quedó reducida a escombros tras el sismo, un símbolo claro del nivel de destrucción que afectó a la urbe.
La mayoría de las construcciones en Cúcuta fueron destruidas, incluyendo viviendas, edificios públicos y templos. La devastación no se limitó a esta ciudad; también afectó a Villa del Rosario y a poblaciones cercanas en Venezuela, como San Antonio de Táchira, Ureña y Capacho. Las réplicas del terremoto se sintieron durante más de un mes, prolongando la angustia de los habitantes y dificultando las labores de recuperación.

Documentos manuscritos y relatos de la época, recuperados y conservados por investigadores, describen con detalle la magnitud del desastre. Estas fuentes dan cuenta no solo del daño material, sino también del impacto social y económico sufrido por la región. La pérdida de vidas, el desplazamiento de personas y la interrupción de las actividades comerciales afectaron profundamente el desarrollo de esta zona fronteriza.
En la actualidad, el Servicio Geológico Colombiano trabaja en la investigación y documentación de eventos sísmicos históricos como el terremoto de Cúcuta, con el fin de preservar la memoria y fomentar la cultura de prevención en el país. Este tipo de investigaciones son fundamentales para entender la vulnerabilidad sísmica de Colombia y fortalecer las políticas de gestión del riesgo.
El terremoto de Cúcuta de 1875 constituye uno de los episodios más trágicos de la historia de Colombia y una lección valiosa sobre la importancia de la preparación y la prevención frente a desastres naturales. A 150 años de ese evento, la necesidad de fortalecer la educación sísmica y la capacidad de resiliencia en las comunidades afectadas sigue siendo un tema prioritario, especialmente en las zonas del país con alta actividad tectónica y vulnerabilidad a movimientos telúricos.

Este sismo histórico funciona como un recordatorio permanente del poder impredecible de la naturaleza y subraya la urgencia de contar con sistemas de alerta temprana eficientes, infraestructuras diseñadas para resistir eventos sísmicos y planes de emergencia bien estructurados y actualizados. La experiencia de Cúcuta demuestra que, aunque no es posible cambiar el pasado, el conocimiento de esos eventos permite a las autoridades y a la sociedad en general anticipar, preparar y mitigar los efectos de futuros terremotos, reduciendo así su impacto en vidas humanas y en bienes materiales.
Además, el trabajo de rescate y conservación de testimonios, imágenes y documentos históricos relacionados con el terremoto contribuye a mantener viva la memoria de esta tragedia, que forma parte fundamental del patrimonio cultural y científico del país. Esta memoria colectiva fortalece el compromiso tanto de los organismos estatales como de los ciudadanos para implementar medidas efectivas que reduzcan los riesgos y protejan a la población ante posibles desastres.
En definitiva, el terremoto de Cúcuta de 1875 marcó un punto de inflexión en la historia sísmica de Colombia y en la forma en que se aborda la gestión del riesgo. Su recuerdo sigue siendo un referente clave para comprender la dinámica sísmica del territorio colombiano y para promover una cultura de prevención sólida, orientada a minimizar las consecuencias de futuras catástrofes naturales en la región y en el país.
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