Jaime Granados señala contradicciones en el caso Uribe: “Mientras lo juzgan a él, Iván Cepeda sigue exonerado”

En medio de la atención nacional e internacional que ha generado el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la defensa ha profundizado en una serie de testimonios y evidencias que buscan consolidar la inocencia del exmandatario, a la vez que desmontan las denuncias que han marcado el proceso judicial durante años.

Con argumentos contundentes y citas que revelan detalles inéditos, la estrategia legal de Uribe busca reivindicar no solo su nombre, también la transparencia y legalidad del proceso.

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En entrevista con Infobae Colombia, el abogado Jaime Granados, uno de los principales defensores del expresidente, volvió a cuestionar la solidez del caso, denunciando lo que considera paradojas e inconsistencias en el proceso judicial.

“Paradójicamente, en este proceso quien está siendo juzgado es Uribe, mientras Cepeda permanece exonerado. Este juicio está revelando finalmente la verdadera dimensión política y judicial del caso,” sostuvo el abogado.

Además, destacó que la declaración del exfiscal general Néstor Humberto Martínez confirma que fue el propio expresidente que informó al fiscal general sobre la existencia de cartas enviadas desde Estados Unidos por extraditados del gobierno de Uribe.

En esas cartas, los extraditados manifestaban su disposición a colaborar con la justicia, incluso aportando datos para esclarecer hechos graves como el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.

“La declaración de Martínez es de gran importancia porque no solo confirma que Uribe entregó esta información al fiscal, sino que también desmiente categóricamente las versiones que afirmaban que Diego Cadena, abogado del expresidente, actuaba de manera clandestina. Cadena se presentó formalmente ante el fiscal y la vicefiscal, un hecho público y documentado,” explicó Granados.

Un capítulo que generó polémica recientemente fue la entrega de una USB con información clave para la defensa. Granados aclaró que hubo un compromiso formal con Mario Uribe Escobar, primo del expresidente, para que entregara el dispositivo sin temor a represalias legales.

“Está en el acta de la entrega, que yo mismo llamé a Mario Uribe y le pedí que entregara la USB a nuestro investigador Franklin Guevara. Le di mi palabra de que no tendría problemas penales porque la entrega se hizo con un protocolo transparente y quedó registrada,” explicó.

Aunque Uribe Escobar enfrentó una compulsa de copias, Granados afirmó que esto no implica responsabilidad alguna, pues la evidencia fue aportada con total trazabilidad y dentro de la legalidad.

Otra línea estratégica de la defensa ha sido denunciar lo que califican como una campaña para desacreditar al expresidente basada en testimonios manipulados.

En este sentido, apuntan directamente al senador Iván Cepeda, acusándolo de haber ejercido presión sobre exparamilitares en prisión para que emitieran declaraciones falsas a cambio de beneficios.

“Es un hecho que Iván Cepeda visitaba cárceles con la abogada Mercedes Arroyave, buscando presos que pudieran ser incentivados para declarar contra Uribe y su hermano Santiago a cambio de prebendas carcelarias y posibles beneficios para sus familias,” aseguró Granados.

Esta tesis se apoya en testimonios de exparamilitares que reconocieron haber recibido ofertas para cambiar su versión, y en la admisión de Juan Guillermo Monsalve sobre su propio beneficio gracias a la intervención de Cepeda.

En cuanto a alias Pipintá y Juan Guillermo Monsalve, Granados señaló que, aunque han tenido cierto protagonismo, sus testimonios han sido ampliamente secundarios.

“Ellos no actuaron de manera aislada. Lo que realmente da sentido a sus acciones es la intervención conjunta de la abogada Mercedes Arroyave y el señor Iván Cepeda Castro, que son los actores principales,” concluyó.

Uno de los puntos álgidos del proceso ha sido la actuación de Diego Javier Cadena Ramírez, abogado de Uribe, cuya conducta ha sido cuestionada por la Fiscalía y algunos medios.

Granados sostiene que estas críticas se han salido de contexto, y que los errores atribuidos a Cadena no constituyen delitos.

“El caso Diego Cadena ha sido malinterpretado y utilizado con fines políticos. Es cierto que pudo haber errores, pero ninguno de ellos justifica la criminalización de su rol legítimo como abogado investigador. La trampa fue creada para generar una suspicacia que no tiene fundamento jurídico,” afirmó el defensor.

Además, Granados hizo un paralelismo con el trabajo de Franklin Guevara, líder del equipo investigativo de la defensa, para recalcar que la labor de Cadena fue legítima y parte esencial del proceso.

Granados es enfático al afirmar que la Fiscalía no ha logrado presentar pruebas contundentes contra Uribe. Según su lectura, muchos de los testimonios aportados favorecen la versión de la defensa.

“El caso de la Fiscalía quedó vacío de pruebas incriminatorias. No hubo un solo testigo traído por ellos que pueda vincular penalmente a Uribe. Por el contrario, varios testimonios corroboran la teoría de la defensa,” comentó.

El abogado añadió que la fase pericial, que aún está por desarrollarse, será decisiva para esclarecer los hechos.

“Esperamos que al finalizar esta etapa, la opinión pública reconozca la verdad y que se haga justicia mediante la absolución del expresidente,” afirmó.

Granados también recordó la exoneración reciente de Luis Carlos Restrepo, excomisionado de paz, para ilustrar la importancia de no condenar injustamente y a tiempo.

“Restrepo sufrió casi 15 años de proceso injusto y exilio. Este caso es un ejemplo de la necesidad de una justicia rápida y justa. Confiamos en que el juicio contra Uribe no demore tanto en llegar a su fin,” concluyó.