Ángela María Buitrago entre lágrimas se despidió del Ministerio de Justicia y pidió seguir luchando contra la corrupción

Entre denuncias de presiones externas y un llamado a combatir la corrupción, Ángela María Buitrago dejó su cargo como ministra de Justicia de Colombia.

Según informó la exfuncionaria, remitió a las autoridades pruebas sobre presuntas injerencias que habrían afectado su gestión desde marzo de 2025.

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En su despedida, enfatizó en su rechazo a cualquier tipo de interferencia política en las decisiones del Ministerio y pidió a los funcionarios públicos mantener su compromiso con la transparencia y la legalidad.

De acuerdo con las declaraciones de Buitrago, las pruebas entregadas incluyen documentación que respalda sus denuncias sobre intentos de terceros por influir en decisiones clave de la cartera.

La exministra aseguró que su deber como servidora pública la obligaba a informar sobre hechos que, en su criterio, comprometen la moralidad y la legalidad en la administración pública.

“Mi rechazo a presiones, mi rechazo a injerencias políticas, mi rechazo a todo lo que significa que haya intermediarios que beneficien a unos y privilegien a otros, todos tenemos derechos”, expresó entre lágrimas durante su discurso de despedida.

Según detalló la exministra, una de las formas de injerencia consistió en solicitudes directas para remover a funcionarios, incluso en casos donde ella no tenía la competencia para tomar dichas decisiones.

En al menos una ocasión, afirmó que se le pidió firmar la resolución para destituir a un director, lo que consideró injusto para una persona que, según ella, había trabajado de manera competente.

Buitrago subrayó que el Ministerio de Justicia no puede convertirse en “la bolsa de empleos de algunos” y que las decisiones deben basarse en la capacidad y experiencia de los funcionarios, no en intereses políticos.

En su intervención, Buitrago también recordó que, al asumir el cargo, el presidente Gustavo Petro le pidió cumplir fielmente con sus deberes.

Sin embargo, señaló que nunca tuvo contacto directo con el ministro encargado ni recibió mensajes que facilitaran un diálogo sobre los problemas que enfrentaba. “Nunca hablé con el ministro Jaramillo, nunca tuve ni siquiera un mensaje”, afirmó, en referencia al ministro encargado de Justicia.

La exministra también relató un episodio reciente que, según ella, evidencia la falta de claridad sobre su salida del cargo. El lunes 12 de mayo, fue convocada de manera urgente desde la Presidencia para asistir a una alocución del jefe de Estado, a pesar de que ya había sido asignada a una misión diplomática. Este hecho, según Buitrago, refleja la confusión en torno a su situación dentro del Gobierno.

En cuanto a las razones de su renuncia, Buitrago presentó su dimisión irrevocable el jueves 15 de mayo, argumentando que su salida se dio en medio de aparentes intentos de injerencia externa.

En una carta dirigida al presidente Petro, expresó su preocupación por las decisiones que, según ella, estaban siendo tomadas por personas ajenas al Ministerio.

“No sé quiénes y con qué intereses están haciendo y/o tomando estas decisiones, pero prefiero, como se lo dije desde el principio y en la comunicación de marzo de este año, seguir siendo lo que soy”, escribió.

Ángela María Buitrago asumió el cargo de ministra de Justicia el 8 de julio de 2024, en reemplazo de Néstor Osuna. Durante sus 10 meses en el Gobierno, se destacó por ser una voz crítica dentro del gabinete, oponiéndose a propuestas como la convocatoria de una asamblea constituyente y cuestionando la política de paz total promovida por el presidente Petro.

En su carta de renuncia, reconoció que las restricciones presupuestales limitaron los avances en algunos proyectos, pero destacó el esfuerzo de los trabajadores del Ministerio para superar obstáculos.

Finalmente, Buitrago manifestó su disposición para colaborar en una transición ordenada con quien asuma la dirección de la cartera de Justicia. Su salida deja en el centro del debate las tensiones internas en el Gobierno y las denuncias sobre posibles injerencias externas en la administración pública.