
El Gobierno de Colombia, mediante una operación conjunta entre el Ejército y la Policía, recuperó cuatro extensos predios en la región del Magdalena Medio, específicamente en el departamento de Santander.
Estas tierras, que abarcan más de 1.500 hectáreas, habían sido utilizadas por grupos armados ilegales para actividades ilícitas.
Los terrenos pasarán ahora a manos de comunidades campesinas para ser destinadas a la producción de alimentos, en el marco del compromiso estatal con la Reforma Agraria.
Según un comunicado oficial emitido el 14 de mayo de 2025 por la Presidencia de la República, los predios recuperados incluyen Borinqueña, El Cumaral, Chimichagua y Alcaraván.
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Felipe Harman, director general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), explicó desde Cimitarra, Santander, que estas propiedades estaban bajo el control de exparamilitares conocidos como alias “Ruso” y alias “Tomate”.
Además, identificó el predio El Porvenir entre las tierras baldías recuperadas, señalando que esta había sido ocupada por empresarios ganaderos.

“Con la Fuerza Pública recuperamos más de 1.500 hectáreas en el Magdalena Medio. Estas tierras vuelven a manos campesinas para sembrar alimentos y dignificar la vida en el campo”, declaró Harman, quien enfatizó el impacto positivo de esta acción en las comunidades agrícolas.
De acuerdo con la ANT, las propiedades intervenidas habían sido previamente asignadas al Fondo para la Reparación de Víctimas. Sin embargo, tal como resaltó Harman, la mayoría de estas tierras estuvieron en manos de actores armados ilegales durante más de dos décadas. Los grupos responsables las habrían utilizado para financiar actividades delictivas, como el narcotráfico, así como para desplazar comunidades locales y lavar dinero. “Es el trabajo arduo que nos ha encomendado el señor presidente: que avance la Reforma Agraria en el Magdalena Medio”, agregó el directivo.

Además del personal militar y policial que lideró la operación, el proceso contó con la supervisión y acompañamiento de representantes de la Defensoría del Pueblo y la Personería, quienes garantizaron la transparencia de los operativos. Según informó el gobierno, esta operación no será un caso aislado, ya que se espera continuar con la recuperación de terrenos baldíos en diversos puntos del Magdalena Medio durante los próximos días.
Las condiciones en las que se realizan estas acciones son complejas, dado que en varias zonas donde acompañan procesos de recuperación y formalización de tierras, persisten amenazas por parte de grupos armados ilegales. Según el comunicado, algunos funcionarios de la ANT han sido objeto de hostigamientos y presiones por el Clan del Golfo, uno de los grupos ilegales que buscan frenar las intervenciones estatales para recuperar propiedades relacionadas con el narcotráfico y el paramilitarismo. Se identificó un “riesgo inminente” en fincas de localidades cercanas como Puerto Boyacá, La Dorada y Cimitarra, donde este grupo armado tiene una fuerte presencia.

En cuanto a los impactos de la Reforma Agraria, el gobierno subrayó la prioridad de usar estas tierras para fortalecer la economía campesina, afectada históricamente por el conflicto armado. Este esfuerzo es parte de lo que han denominado el “Gobierno del Cambio”. Harman destacó que el objetivo esencial es devolver la dignidad al campesinado, permitiéndoles emplear los terrenos para la producción de alimentos y la mejora de sus condiciones de vida. “Gracias al Gobierno del Cambio estas tierras vuelven a manos campesinas para que siembren alimentos”, aseveró.
El acceso a estas tierras es crucial en áreas como el Magdalena Medio, que a lo largo de las últimas décadas fue duramente golpeado por el conflicto armado y sus consecuencias. La decisión de priorizar a las poblaciones rurales busca no solo reparar los daños económicos y sociales acumulados, sino también mitigar tensiones persistentes relacionadas con el acceso a recursos básicos y la redistribución de tierras.
Por su parte, los operativos en Santander son apenas una pequeña parte de los amplios procesos de formalización y restitución que se están implementando en todo el país. Las autoridades anticipan que la recuperación de estas propiedades pueda enfrentar obstáculos, particularmente debido a la influencia y acciones intimidatorias de los grupos ilegales todavía activos en regiones como el Magdalena Medio.
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