Militares activos habían perfilado a más de 130 personas en Colombia, incluyendo varios periodistas: polémica por sanción de la Procuraduría

Cinco años después de que se hiciera público el caso de interceptaciones ilegales conocido como Carpetas Secretas, la Procuraduría General de la Nación impuso sanciones disciplinarias contra nueve militares del Ejército Nacional implicados en estos hechos.

Las decisiones, que contemplan suspensiones e inhabilidades de entre tres y seis meses, fueron dirigidas a oficiales que participaron en operaciones de perfilamiento a periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas y figuras políticas.

De acuerdo con el fallo, los uniformados excedieron sus funciones en el ámbito de la inteligencia militar al recolectar información personal y profesional sobre ciudadanos sin contar con una justificación legal o una amenaza real a la seguridad nacional.

Entre los sancionados se encuentran altos mandos del Ejército, incluidos un brigadier general y varios coroneles, mayores y un teniente, quienes habrían ordenado o ejecutado directamente las acciones de vigilancia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El oficial de mayor rango en la lista es el brigadier general Gonzalo Ernesto García Luna, excomandante de los centros de inteligencia y contrainteligencia del Ejército, sancionado con cinco meses de suspensión.

Una sanción de igual duración se impuso al coronel Juan Esteban Zapata Cifuentes, quien lideraba la Brigada de Inteligencia Militar No. 1, instancia desde la cual se emitieron varias de las órdenes que dieron origen a los perfilamientos.

Otros oficiales, como los coroneles Benjamín Ramírez Villalobos, Julio Tobías López Cuadros y Hugo Armando Díaz Hernández, así como varios mayores y un teniente, recibieron sanciones de tres meses.

El castigo más severo, de seis meses, recayó sobre el coronel Milton Eugenio Rozo Delgado, comandante del Batallón de Ciberinteligencia (Bacib), por su papel operativo central en las tareas de monitoreo.

La investigación disciplinaria estableció que muchas de las órdenes relacionadas con estos perfilamientos fueron transmitidas a través de canales no oficiales, como llamadas telefónicas o aplicaciones de mensajería encriptada, lo que dificultó el seguimiento del caso y, según el Ministerio Público, sugiere una intención deliberada de evadir los controles legales establecidos para las labores de inteligencia.

La Procuraduría concluyó que no se trató de errores de procedimiento ni de interpretaciones erradas de la normativa, sino de acciones conscientes en las que los oficiales involucrados vulneraron derechos fundamentales.

Según el fallo, hubo una extralimitación clara en las funciones, con el objetivo de vigilar ilegalmente a civiles sin una justificación válida.

Durante el proceso, la Procuraduría reconoció como víctimas a más de una veintena de periodistas, así como a líderes políticos y defensores de derechos humanos.

Entre ellos figuran nombres como Gustavo Bolívar, los abogados Reinaldo Villalba y Sebastián Escobar del Colectivo José Alvear Restrepo, y periodistas de medios como Rutas del Conflicto, Liga Contra el Silencio, Fundación Paz y Reconciliación y The New York Times.

Una de las operaciones más relevantes en el expediente es la llamada “Hábil”, desarrollada en 2019. A raíz de una entrevista realizada en Cuba por la periodista María Alejandra Villamizar al comandante guerrillero Pablo Beltrán, integrantes del Batallón de Ciberinteligencia elaboraron un perfil detallado de la comunicadora, incluyendo información sobre su familia, vivienda, historial laboral y redes sociales, sin que mediara orden judicial.

Ese mismo patrón se habría repetido contra otros reporteros y medios, e incluso contra periodistas independientes como Andrea Aldana, quien permanece en el exilio por este caso. Según el fallo, en algunos perfiles elaborados por los servicios de inteligencia se llegó a sugerir que los vigilados tenían vínculos con grupos armados ilegales, en lo que ha sido calificado por los afectados como una forma de criminalización sin fundamento.

El proceso ha estado marcado por demoras y dificultades procedimentales. Desde su apertura en 2020, luego de una investigación periodística publicada por la revista Semana, ha enfrentado dilaciones por la inasistencia de los investigados y recursos interpuestos para frenar su avance.

La audiencia de juzgamiento se celebró en 2021, pero algunas decisiones clave, como la negativa a excluir pruebas, solo fueron ratificadas dos años después.

Además de la vía disciplinaria, el caso también se encuentra en manos de la Fiscalía General de la Nación, aunque el proceso penal avanza con lentitud.

Algunas víctimas han señalado que las autoridades judiciales han afirmado no haber identificado daños directos a personas, lo que contrasta con los hallazgos y testimonios recogidos por organizaciones de derechos humanos.

Los abogados representantes de las víctimas anunciaron que apelarán la decisión de la Procuraduría, especialmente por la recalificación de los hechos.

Inicialmente, las conductas se investigaban como faltas gravísimas, lo que podría haber derivado en la destitución de los uniformados implicados.

Sin embargo, la Sala Disciplinaria determinó que no había suficientes elementos para mantener esa tipificación, por lo que las sanciones aplicadas fueron de menor severidad.

El caso de Carpetas Secretas revive inquietudes de larga data sobre prácticas de espionaje ilegal en Colombia. Organizaciones como la FLIP han advertido que estos episodios no son aislados. En la historia reciente del país destaca el escándalo del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que entre 2009 y 2010 protagonizó una trama de interceptaciones y seguimientos ilegales a periodistas, magistrados y opositores durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.