Los 11 de Jericó: quiénes son los campesinos acusados de hurto y secuestro por la Fiscalía que algunos consideran defensores del medio ambiente

Para este martes 13 de mayo está citada la audiencia contra once labriegos que fueron acusados por la Fiscalía General de la Nación de secuestro simple y hurto calificado, en medio de sus acciones para proteger la tierra y el agua en el municipio de Jericó, Antioquia.

Según los argumentos del ente acusador, los campesinos fueron los protagonistas de al menos nueve episodios entre mayo de 2022 y diciembre de 2023, en los que habrían retenido y agredido a vecinos y turistas que visitaban la región, asegurando que estaban irrumpiendo y afectando una zona protegida como reserva natural.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según información conocida por la revista Semana, uno de los casos habría ocurrido el 2 de mayo de 2022. Según la Fiscalía, un grupo de 16 trabajadores de la empresa minera Quebradona S.A. fue retenido por aproximadamente ocho personas armadas con machetes y palos.

Los manifestantes argumentaron que las actividades de la empresa no podían continuar debido a que se trataba de una zona protegida. Asimismo, se les acusa de retener a 15 ciclistas y una guía local mientras realizaban un recorrido turístico en la finca La Arboleda.

Según el relato de la Fiscalía, estas personas fueron interceptadas en el mirador de La Soledad, donde se les impidió continuar su marcha durante más de 20 minutos.

Sin embargo, en redes sociales se ha formado todo un movimiento en defensa de los 11 campesinos que, según comentan, solo han trabajado para defender el municipio y sus recursos naturales, además de acusar a la Fiscalía de estigmatizar a los labriegos.

En medio de los mensajes, surgieron los relatos de vida de los trabajadores, además de organizar un plantón frente al juzgado de Jericó para apoyarlos. Nombres como juan, José y Argiro salieron a la luz, resaltando los esfuerzos que, como trabajadores de la tierra, han adelantado para preservar la naturaleza del municipio.

Incluso, el senador León Freddy Muñoz emitió un comunicado en el que expresó su descontento, junto con 349 líderes sociales y maestros, por la actuación de la Fiscalía General de la Nación que estaría beneficiando a una compañía minera.

“La defensa del territorio no es un crimen”. Esta es la consigna que utilizó el senador y el extenso grupo contra la criminalización de las comunidades campesinas en Jericó, Antioquia, por oponerse al proyecto minero Quebradona, liderado por la multinacional AngloGold Ashanti.

Este proyecto amenaza, según los firmantes, con devastar ecosistemas locales y alterar profundamente las formas de vida de las comunidades rurales de la región.

Incluso, la carta señala que desde la llegada de AngloGold Ashanti en 2002, los pobladores han manifestado preocupación por los impactos de una minería a gran escala que prioriza, en opinión de los líderes comunitarios, el lucro corporativo sobre la sostenibilidad ambiental.

La compañía, con un historial de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos y afectaciones ambientales en Colombia y el mundo, impulsa en Jericó un modelo extractivista que pondría en riesgo, aseguran los habitantes, el equilibrio ecológico, la biodiversidad única de la región y el acceso al agua, recursos esenciales para la agricultura local que define la identidad y economía del municipio.

Además, los líderes de Jericó y los activistas denunciaron “una estrategia de intimidación jurídica” por parte de sectores interesados en favorecer a la compañía minera, al señalar que los procesos judiciales lanzados contra los defensores del territorio buscan acallar sus voces.

“Utilizar el poder judicial para criminalizar la protesta social constituye una forma de violencia estructural”, destacaron en el comunicado, que también califica estas medidas como un ataque a los principios de justicia ambiental, pluralismo y democracia participativa.

Entretanto, en la audiencia citada para este 13 de mayo, se espera que la Fiscalía entregue detalles de los hechos específicos que vinculan a cada uno de implicados con los delitos mencionados

La audiencia había sido suspendida previamente el 23 de abril, cuando la juez a cargo otorgó más tiempo a la representante de la Fiscalía para preparar la imputación de cargos.

Entre las acusaciones del ente obtenidas por Semana, también figura una presunta agresión física a una persona con un palo, así como una supuesta mordedura de un perro que acompañaba a uno de los manifestantes.

No obstante, los campesinos, entre ellos Porfirio Garcés, de 85 años, han negado las acusaciones de secuestro y han defendido sus acciones como parte de protestas legítimas en defensa del agua y el medio ambiente. Según los imputados, las obras de exploración minera realizadas por Quebradona S.A. representan un riesgo para los recursos hídricos de la región.

Por otro lado, el diario nacional tuvo acceso a un comunicado emitido por María Isabel Arteaga, Juan Pablo Olivares y Rafael Arteaga, miembros de una familia de la zona que asegura haber sido afectada por las acciones de los campesinos.

En el documento, los firmantes denuncian haber sido víctimas de bloqueos, requisas arbitrarias e intimidaciones por parte de personas que se identifican como ambientalistas.

Según el texto, estas acciones han incluido retenciones ilegales, amenazas y hostigamientos. En respuesta, la familia interpuso una acción de tutela que fue fallada a su favor el 2 de mayo, ordenando la protección de sus derechos fundamentales por parte de la fuerza pública.