El presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Guillermo Herrera, advirtió que más de setenta mil hogares están siendo impactados por la incertidumbre generada en torno al programa Mi Casa Ya y otras decisiones del Gobierno nacional en materia de vivienda.
En entrevista con El Tiempo, el dirigente gremial explicó las consecuencias de la reducción en subsidios y la suspensión de programas clave para la adquisición de vivienda de interés social y prioritario.
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Durante el primer trimestre del año se comercializaron 35.500 viviendas, una cifra inferior a las 37.000 del mismo periodo en 2024 y muy distante de las 70.700 unidades vendidas en 2022.
Herrera atribuyó esta caída principalmente al deterioro en las ventas de vivienda de interés prioritario (VIP), que están dirigidas a los hogares de menores ingresos.
“El descenso se explica principalmente por el deterioro de las ventas de vivienda de interés prioritario debido a la suspensión del programa Mi Casa Ya”, afirmó a El Tiempo.
En contraste, la vivienda no VIS mostró un comportamiento positivo, con un crecimiento superior al 9 %, lo que evidencia una recuperación parcial en los segmentos de mayor poder adquisitivo.
Según Herrera, esta tendencia también se refleja en los lanzamientos proyectados para 2025, que presentan un incremento cercano al 13 %.
“Estos segmentos empiezan a mostrar un mejor desempeño, lo que es una señal de confianza futura por los cambios políticos que se puedan dar”, indicó al citado medio.
Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la incertidumbre que rodea al programa Mi Casa Ya, el principal mecanismo de subsidios para la compra de vivienda nueva.
Herrera señaló que las decisiones gubernamentales han generado confusión y desconfianza entre los beneficiarios potenciales. “Primero dijeron que se suspendía, luego que se reanudaba con otro nombre y hace alrededor de un mes en unas mesas de trabajo que ya no va a haber 50.000 subsidios como se había anunciado, sino 11.800”, expresó. De esos, cerca de 9.600 ya estarían preasignados.
Según el dirigente gremial, esta disminución está afectando principalmente a los hogares de menores ingresos, que ven frustrado su acceso a una vivienda formal. “En este momento, estimamos que hay unos 70.000 afectados”, advirtió.
De ese total, unos 26.000 hogares ya tienen subsidios asignados o preasignados, pero deben enfrentar un incremento en su cuota mensual de hasta el 30 % debido a la suspensión de los apoyos a la tasa de interés.
Además, datos del Ministerio de Vivienda indican que otros 45.000 hogares quedaron en lista de espera para la asignación de subsidios y no tienen claridad sobre si podrán acceder a los beneficios. A esto se suma el aumento en los desistimientos de compra: más de 30.000 unidades fueron canceladas en el último año, de las cuales 24.000 corresponden a vivienda de interés social.
Herrera explicó que este fenómeno no se debe a factores macroeconómicos como tasas de interés elevadas o alto desempleo, sino a decisiones gubernamentales. “Se deberían preguntar qué tanto sus políticas están generando una afectación para los hogares”, indicó en su diálogo con El Tiempo.
Ante este panorama, desde Camacol se ha hecho un llamado a establecer reglas claras que permitan al sector privado y a los hogares tomar decisiones informadas. “Entendemos que hay restricciones fiscales, pero lo único que pedimos es que haya claridad”, insistió.
El presidente de Camacol también expresó su preocupación por el avance de la informalidad en el crecimiento urbano. Indicó que la falta de oferta formal y la reducción en los subsidios puede generar un aumento en la ocupación ilegal de suelos, lo que a largo plazo profundiza la exclusión social.
“Luego del deterioro de sus condiciones, solo cuatro de cada 10 hogares tienen acceso a vivienda formal”, explicó.
Para el dirigente, se requieren más de cuatro millones de viviendas en el futuro, y la forma como se construyan definirá las condiciones de equidad y sostenibilidad de las ciudades.
Finalmente, Herrera destacó los avances del sector en sostenibilidad, señalando que Colombia lidera la certificación Edge entre 118 países.
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