Si va a vender su carro tenga en cuenta la multa que podría enfrentar si lo entrega en mal estado, según la ley colombiana

En Colombia, la venta de vehículos usados es una actividad que mueve miles de transacciones cada año, ya sea a través de plataformas digitales, concesionarios o acuerdos informales entre particulares.

Sin embargo, este mercado, que para muchos representa una alternativa económica, puede convertirse en un problema legal si no se maneja con transparencia. Según la ley colombiana, la legislación establece sanciones económicas y penales para quienes vendan un automóvil en mal estado sin informar adecuadamente sobre sus defectos.

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De acuerdo con el Código Civil colombiano, específicamente el artículo 1861, los vendedores son responsables de los daños que sufra el comprador si estos derivan de negligencia o de la omisión de información sobre defectos ocultos del vehículo.

Esto aplica tanto para vehículos nuevos como usados, aunque tiene mayor relevancia en el mercado de segunda mano, donde los compradores suelen estar más expuestos a posibles engaños. Si un vendedor no informa sobre problemas conocidos, como fallas en el motor, el sistema de frenos o daños estructurales por accidentes previos, el comprador puede exigir la devolución del dinero, el pago de intereses y una compensación por daños y perjuicios.

En los casos más graves, la ley contempla sanciones económicas significativas. Según detalló el medio, si se demuestra que el vendedor omitió información relevante de manera grave, podría enfrentar multas de hasta 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes (Smlmv), lo que equivale a más de 284 millones de pesos colombianos para el año 2025. Estas sanciones no solo aplican a personas naturales, sino también a concesionarios, empresas o intermediarios involucrados en la transacción. Además, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tiene la facultad de intervenir en casos de prácticas engañosas o repetitivas, imponiendo multas adicionales.

En situaciones donde se compruebe que el vendedor actuó con dolo, es decir, con intención de engañar para obtener un beneficio económico, las consecuencias pueden ser aún más severas. El Código Penal colombiano, en su artículo 246, tipifica este tipo de fraude como delito, con penas que oscilan entre 16 y 72 meses de prisión (de 1 año y 4 meses a 6 años), además de sanciones económicas. Esto incluye tanto a vendedores particulares como a empleados de concesionarios o empresas que participen en la venta.

El concepto de “falla oculta” es clave en estos casos. Según la normativa, se considera como tal cualquier defecto que no sea fácilmente detectable durante la inspección del vehículo y que no haya sido informado por el vendedor. Ejemplos comunes incluyen fugas de aceite no visibles, daños internos en el motor o la caja de cambios, historial de siniestros graves, problemas eléctricos ocultos o alteraciones fraudulentas en el kilometraje. Aunque el comprador tiene la responsabilidad de revisar el vehículo antes de adquirirlo, si el defecto requiere equipos técnicos o conocimientos especializados para ser detectado, la responsabilidad recae sobre el vendedor.

Para evitar problemas legales, los expertos recomiendan tomar varias precauciones al vender un vehículo usado. Una de las principales es realizar un peritaje técnico que certifique el estado real del automóvil.

Este informe puede adjuntarse al contrato de venta como prueba de transparencia. También es fundamental redactar un contrato claro y detallado que incluya información precisa sobre el estado del vehículo, posibles defectos y las condiciones de la venta. Conservar evidencia de la transacción, como copias del contrato, comprobantes de pago y mensajes intercambiados con el comprador, es otra medida importante para demostrar buena fe en caso de reclamos posteriores.

Es esencial reportar la venta ante el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) para formalizar el traspaso del vehículo. Este trámite protege al vendedor de responsabilidades legales futuras, como infracciones o accidentes cometidos por el nuevo propietario. Estas medidas garantizan una transacción más segura y ayudan a evitar sanciones económicas y penales que podrían derivarse de una venta mal gestionada.