Uno de los principales puntos de tensión entre Ecopetrol y Morelco S.A.S., filial colombiana de la multinacional peruana Cumbra Perú S.A., gira en torno a la millonaria deuda de esta última con proveedores y empleados.
Según informó El Tiempo, la deuda supera los 224.000 millones de pesos, lo que llevó a Morelco a solicitar un proceso de insolvencia y a iniciar su liquidación judicial ante la Superintendencia de Sociedades.
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Esta situación ha provocado bloqueos en los campos petroleros de Acacías, Meta y ha puesto en riesgo la continuidad de proyectos clave.
El contrato entre Ecopetrol y Morelco, firmado al inicio del mandato de Gustavo Petro, tenía como propósito la construcción del Centro de Procesamiento de Fluidos (CPF) Orotoy en Acacías, bajo la modalidad EPC (Ingeniería, Procura y Construcción), que obliga al contratista a asumir todos los riesgos y costos de la obra por un precio fijo.
El contrato original, de más de 320.000 millones de pesos, recibió una adición de 44.000 millones en noviembre de 2023.
Sin embargo, entre febrero de 2023 y abril de 2024, el proyecto sufrió seis suspensiones, cinco de ellas durante la fase de construcción, lo que afectó gravemente su ejecución.
Morelco atribuye su crisis a supuestos incumplimientos por parte de Ecopetrol y su filial Cenit, alegando que las suspensiones fueron causadas por protestas de la Unión Sindical Obrera (USO), que demandaba beneficios extralegales para los trabajadores.
Además, la empresa peruana sostiene que Cenit entregó información técnica deficiente y demoró las respuestas a sus solicitudes, lo que, según Morelco, generó pérdidas superiores a 191.000 millones de pesos.
Por su parte, Ecopetrol ha rechazado estas acusaciones, asegurando que el contrato finalizó el 30 de diciembre de 2024 sin que Morelco cumpliera con el objeto pactado.
La petrolera impuso sanciones, incluyendo una multa de 16.000 millones de pesos por violaciones al código de ética, negó prórrogas y dio por terminados otros contratos con la firma peruana.
Ecopetrol ha dejado claro que las deudas son responsabilidad exclusiva de Morelco, afirmando que cumplió todas sus obligaciones contractuales.
El conflicto ha llevado a que 38 empresas demanden a Morelco por pagos pendientes, mientras empleados y proveedores temen que la firma abandone el país sin saldar sus deudas, según el medio citado.
Algunos acreedores han pedido a Ecopetrol que asuma los pagos, pero la estatal se ha negado rotundamente.
La Superintendencia de Sociedades ha solicitado información adicional a Morelco para avanzar en el proceso de insolvencia, dando un plazo de cinco días hábiles.
Consejo de Estado rechaza demanda de 210 millones de dólares contra Ecopetrol
Tras casi una década de disputas legales, el Consejo de Estado de Colombia ratificó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de rechazar una demanda por 210 millones de dólares presentada por la empresa extranjera Worldwide Energy Investment (WEI) contra Ecopetrol, la principal compañía petrolera del país.
Según informó el Consejo, no existía ningún vínculo jurídico entre ambas partes que justificara las pretensiones de la demandante.
De acuerdo con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), que representó los intereses del Estado colombiano en este caso, la demanda de WEI se basaba en hechos que no establecían una relación contractual directa con Ecopetrol.
La agencia argumentó que la relación jurídica de WEI estaba limitada exclusivamente a la Universidad Industrial de Santander (UIS), con la que había colaborado como parte de un convenio interadministrativo firmado en 2006.
El conflicto se originó a partir de un acuerdo suscrito entre Ecopetrol y la Universidad Industrial de Santander, cuyo objetivo era desarrollar el proyecto denominado Campo Escuela Colorado, enfocado en actividades científicas y tecnológicas. En este convenio, WEI participaba como aliado estratégico de la universidad, pero no como parte directa del contrato con Ecopetrol.
Años después, en 2015, WEI interpuso una demanda de reparación directa, alegando que la terminación anticipada del convenio le había ocasionado perjuicios económicos significativos. Además, acusó a Ecopetrol de haber causado un daño antijurídico y solicitó que se declarara la responsabilidad extracontractual de la empresa estatal.
La Andje presentó pruebas que demostraron que la terminación del convenio se realizó conforme a lo estipulado en los términos del acuerdo, sin que Ecopetrol incurriera en acciones que generaran responsabilidad patrimonial.
En un comunicado, la agencia señaló que no existía evidencia de mala fe por parte de la petrolera ni de expropiación de las inversiones de WEI. Estas conclusiones fueron respaldadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en 2023, cuando negó las pretensiones de la demanda.
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