El caso de un joven en Cúcuta, identificado como Brayan Andrés Hernández Aguilar, ha causado indignación en las redes sociales luego de que se conocieron los detalles de su captura.
La polémica es porque para unos observadores fue un caso de justicia por mano propia, pero para otros es un hecho de homicidio.
Los hechos se presentaron en una tienda del barrio Policarpa, en el centro de Bucaramanga (Santander), pero la captura se dio en Cúcuta (Norte de Santander) por agentes de la Sijín (Seccional de Investigación Criminal), tras ser señalado como el presunto responsable del homicidio de Alexander Román Botía.
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De acuerdo con las declaraciones que brindó el coronel Edgar Andrés Correa Tobón, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, Hernández Aguilar, de nacionalidad colombiana, habría atacado a Román Botía con un arma cortopunzante en medio de una discusión.
El crimen ocurrió el 15 de marzo de 2017 en el centro de Cúcuta, durante un intento de hurto, pero el miércoles 7 de mayo de 2025 se conocieron los detalles de la captura en Cúcuta por un caso que lleva ya más de ocho años sin resolverse, destacó el diario Vanguardia.
Este caso provocó el malestar en cientos de ciudadanos, que expresaron su inconformismo tras revelarse que el hoy detenido podría enfrentarse a una pena de 15 años de cárcel.
El altercado se originó cuando la víctima presuntamente intentó robarle un chaleco y un reloj mientras ambos se encontraban en un establecimiento ubicado en el centro de la capital santandereana, cerca de la Plaza de Mercado Central.
El reporte policial detalla que Hernández Aguilar estaba consumiendo bebidas alcohólicas en el lugar cuando se produjo el enfrentamiento.
Durante la disputa, el aprehendido habría sacado un arma blanca y apuñalado a Román Botía en repetidas ocasiones. Aunque la víctima fue trasladada al Hospital Universitario de Santander (HUS) para recibir atención médica, no logró sobrevivir a las heridas.
La captura de Hernández Aguilar se realizó mediante una orden judicial y ahora el joven tendrá que enfrentar el proceso mientras permanece tras las rejas.
Decisión judicial fue rechazada por los usuarios en redes sociales: “El mundo al revés”
Debido a que las autoridades en Cúcuta aseguraron que ningún ciudadano debe tomarse la justicia por mano propia, la reacción de varios internautas dejó entrever que no están de acuerdo con lo que dijo la Policía en la capital de Norte de Santander, y aseguraron con indignación que “así es la ley en Colombia”.
“Es un momento que no te permite recurrir a nadie, es tu vida o la del delincuente, si recurres a la autoridad competente, cuando lleguen es para levantar tu cadáver. Total apoyo para esta persona, porque toda acción tiene una reacción", aseguró otro de los usuarios.
A su vez que otras de las personas que terminó irritada por la decisión que tomaron las autoridades con Hernández Aguilar, expresó que “el ladrón si puede agredir y hasta matar al ciudadano”; situación que se calificó como “el mundo al revés”, en otro de los mensajes que se leyeron en las redes.
Tomar justicia por mano propia no es la mejor opción: qué dice la ley en Colombia
Ante el aumento de la inseguridad en diversas regiones del país, algunos ciudadanos han optado por tomar la justicia por mano propia, una práctica que, aunque refleja el descontento social, puede acarrear consecuencias legales significativas.
Esta situación se ha evidenciado en numerosos videos difundidos en redes sociales, donde se observa a personas comunes actuando contra presuntos delincuentes.
Sin embargo, la legislación colombiana establece límites claros para estas acciones, advirtiendo sobre las sanciones que pueden derivarse de excederlos.
De acuerdo con la Ley 23 de 1991, en su artículo primero, se asigna a los inspectores penales de Policía, o en su ausencia a los alcaldes, la responsabilidad de conocer en primera instancia las contravenciones especiales, entre ellas los casos relacionados con la justicia por mano propia.
Este marco legal estipula que cualquier persona que, en lugar de acudir a las autoridades competentes, decida ejercer un derecho de manera arbitraria, puede ser sancionada con una multa de hasta un salario mínimo mensual legal vigente. Esta sanción económica debe ser pagada al Estado.
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