6 soldados fueron judicializados por la presunta desaparición de un indígena en Ricaurte (Nariño)

Durante la noche del miércoles 7 de mayo fueron cobijados con medida de aseguramiento seis militares que son señalados por la desaparición forzada de un joven indígena en zona rural del municipio de Ricaurte, en el nororiente del departamento de Nariño, crimen que ocurrió hace dos años.

A los uniformados los enviaron de esta manera a un centro de reclusión militar, tras la decisión de un juez de la República, luego de que les realizaran las respectivas audiencias de legalización de captura e imputación de cargos.

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“Se trata de Luis Enrique Suaza Ortegón, William Orlando Acosta Manzano, Gabriel Alejandro Becerra Hernández, Luis Alejandro Loaiza Malambo, Omar Darío Acuña Gómez y Miguel Ángel Díaz Quiroz, quienes fueron imputados por el delito de desaparición forzada”, informó la Fiscalía General de la Nación en un comunicado.

De acuerdo con el ente acusador, los militares detuvieron al joven de la comunidad Awá, tras encontrarle una sustancia estupefaciente durante una requisa en la noche del 7 de agosto de 2022. Posteriormente, fue trasladado en un vehículo oficial hasta la estación de Policía de la mencionada población nariñense, informaron en el portal web de noticias Nariño Ahora

Agregaron que la víctima fue identificada como Carlos Santiago Vallegos Mora, de 21 años de edad, y que una vez lo trasladaron a la sede policial, el joven habría intentado escapar, lo que llevó a los uniformados a realizar disparos para detenerlo.

“Desde entonces se desconoce su paradero y los funcionarios no han entregado explicaciones ni han revelado detalles de su ubicación”, señalaron en la Fiscalía.

Además de los seis soldados, un sargento y un soldado del Ejército Nacional, así como un integrante de la Policía Nacional, también fueron judicializados y vinculados con este caso, recordaron en el informativo de televisión Noticias RCN.

“Por todo lo anterior, y en atención a los elementos materiales probatorios aportados por un fiscal de la Seccional Nariño, un juez de control de garantías impuso a los seis soldados medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro de reclusión militar”, agregaron en el comunicado del ente acusador.

Versiones extraoficiales recogidas por Nariño Ahora señalan que existen contradicciones en los testimonios proporcionados por los militares. Algunas de estas versiones sugieren que, durante la supuesta huida, el joven habría caído a un río cercano a la estación de Policía. Sin embargo, pese a los esfuerzos de búsqueda, no se ha obtenido información concluyente sobre su paradero.

La comunidad indígena Awá y los habitantes de la región han exigido repetidamente que se esclarezcan los hechos y se proporcione información que permita localizar al joven. De hecho, el 14 de agosto de 2022, miembros de la comunidad bloquearon la vía al mar como medida de protesta, reclamando justicia y respuestas ante lo que consideran una desaparición forzada, recordaron en ese medio de comunicación.

¿Cómo denunciar una desaparición?

En Colombia, la búsqueda de personas desaparecidas no tiene un periodo de espera obligatorio, de acuerdo con el Ministerio de Justicia. La normativa establece que no es necesario esperar 24 ni 48 horas para iniciar las diligencias correspondientes, eliminando así una de las creencias más comunes en estos casos.

Según las autoridades, cualquier persona puede acudir de inmediato a la Policía Nacional, a las oficinas del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación o al Instituto Nacional de Medicina Legal para denunciar la desaparición. Incluso, hospitales y clínicas del país forman parte de esta red de apoyo, colaborando en los esfuerzos de localización.

Estas instituciones no solo toman las denuncias, sino que realizan entrevistas, consultan bases de datos y coordinan alertas con diversas entidades para esclarecer los hechos. Además, cuentan con un protocolo que prioriza la recopilación de información, como los testimonios de familiares o testigos que puedan aportar detalles sobre el caso.

“La ley no establece un periodo de tiempo para considerar a una persona como desaparecida”, aclaran desde el Ministerio de Justicia, remarcando que ningún funcionario puede exigir una demora antes de iniciar el protocolo de búsqueda. Su postura subraya la importancia de actuar de forma inmediata para garantizar una respuesta rápida y efectiva.

En este contexto, el trabajo colaborativo de diferentes instituciones se convierte en una pieza clave para avanzar en las investigaciones y agilizar el contacto con redes de apoyo que puedan ofrecer pistas sobre el paradero de las personas desaparecidas.